En el mes de Septiembre del año 2015 se aprueba por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda es una llamada mundial para adoptar medidas que logren acabar con los grandes problemas del planeta: poner fin a la pobreza y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género y el acceso para todos a un trabajo digno, facilitar el acceso a servicios de salud y a una educación adecuada, proteger el medio ambiente y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.
Los ODS son el nuevo marco de contribución al Desarrollo Sostenible, compuesto por 17 objetivos y 169 metas que deben cumplirse antes del 2030, y están dirigidos a todos los actores del planeta; los gobiernos, la sociedad civil y las empresas han sido llamadas a la acción para contribuir a estas metas globales.
Los ODS continúan el trabajo realizado por los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), que orientaron entre los años 2000 y 2015, la acción global para abordar las necesidades básicas de los países más pobres del mundo. Sin embargo, los ODS se diferencian de los ODM en varias cuestiones que los hacen más influyentes y relevantes.
Los 5 ejes centrales de la Agenda 2030
Los ODS enfatizan las interconexiones tanto entre las dimensiones sociales, económicas y medioambientales del Desarrollo Sostenible como entre los propios objetivos. Reconocen que abordar los desafíos que plantean los ODS es responsabilidad de todos y llama explícitamente a las empresas, la sociedad civil, al tercer sector y al sector académico a colaborar para lograr el cumplimiento de los ODS.
A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo, y la crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8% más de la población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años, desde 1990.
Más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza al día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las personas que viven con menos de 1,90 dólares al día viven en el África subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2%, más del triple de los mismos índices para las áreas urbanas.
Para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los trabajadores de todo el mundo, y sus familias, vivían en situación de extrema pobreza en 2018. Uno de cada cinco niños vive en situación de extrema pobreza. Garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables resulta crucial para reducir la pobreza.
Incluso antes de la pandemia de la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19), el progreso hacia el Objetivo N°1 se había hecho muy lento y el mundo no estaba bien encausado para acabar con la pobreza extrema para el año 2030. Ahora, cuando el mundo anticipa las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión, decenas de millones de personas volverán a caer de nuevo en la pobreza, deshaciendo años de mejora constante. A medida que los efectos económicos de la pandemia comienzan a sentirse con más fuerza, la importancia de contar con sistemas sólidos de protección social para salvaguardar a los pobres y a los vulnerables es más evidente que nunca. También lo es la necesidad de una preparación eficaz para emergencias, tanto para las pandemias como para otros peligros que causan desastres.
La COVID-19 cambia el pronóstico del objetivo mundial de acabar con la pobreza extrema
La proporción de la población mundial que vive en la pobreza extrema disminuyó del 15,7% en el año 2010 al 10,0% en 2015. Sin embargo, el ritmo de disminución de la pobreza mundial se ha desacelerado.
Las estimaciones de la previsión inmediata sitúan la tasa de pobreza mundial en 2019 en el 8,2%.
Incluso antes de la COVID-19, las proyecciones de referencia sugerían que el 6% de la población mundial seguiría viviendo en la pobreza extrema en el año 2030, por lo que no se alcanzaría la meta de acabar con la pobreza. Suponiendo que la pandemia se mantiene en los niveles previstos actualmente y que la actividad se recupera durante este año, la tasa de pobreza se estima que será del 8,8% para el año 2020. Se trata del primer aumento de la pobreza a nivel mundial desde el año 1998 y se acerca al nivel del año 2017. Se estima que 71 millones de personas más vivirán en la pobreza extrema debido a la COVID-19. Se prevé que Asia meridional y África subsahariana presenten el mayor aumento de la pobreza extrema, 32 y 26 personas más, respectivamente, que vivirán por debajo del umbral internacional de la pobreza.
Se prevé que la pobreza laboral aumente considerablemente como resultado de la pandemia
La proporción de trabajadores del mundo que vive en la pobreza extrema se redujo a la mitad durante la última década: del 14,3% en el año 2010 al 7,1% en 2019. Sin embargo, el ritmo del progreso ha disminuido desde el año 2013, lo que exige que se redoblen los esfuerzos para alcanzar la meta para el año 2030. Además, se prevé que los efectos de la COVID-19 empujarán a millones de personas más a la pobreza. En abril del 2020, el cierre recomendado o requerido de los lugares de trabajo en todo el mundo afectaba al 81% de los empleadores y al 66% de los trabajadores por cuenta propia, lo que limitaba gravemente los puestos de trabajo y los ingresos.
La brecha de género en la pobreza laboral casi se ha superado, pero están surgiendo pruebas de que las mujeres se están viendo afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Los trabajadores jóvenes están expuestos a la pobreza de manera más sistemática que los adultos debido a los ingresos inadecuados y las deficiencias en la calidad del empleo. En el año 2019, el 12,8% de los trabajadores entre 15 a 24 años de edad vivían en la pobreza, en comparación con el 6,3% de los trabajadores mayores de 24 años, y la diferencia entre las tasas de pobreza de los trabajadores jóvenes y adultos solo ha disminuido marginalmente desde el año 2000. Es probable que estas disparidades se vean exacerbadas por la crisis de la COVID-19 que ya ha provocado un fuerte aumento del desempleo y el subempleo, la disminución de los ingresos laborales y desafíos en la calidad del empleo.
La cobertura de la protección social varía mucho de una región a otra y muchos quedan expuestos durante la crisis actual
La pandemia de la COVID-19 tendrá consecuencias económicas tanto inmediatas como a largo plazo para la población de todo el mundo. Es esencial contar con sistemas de protección sólidos para mitigar los efectos y evitar que muchas personas caigan en la pobreza.
No obstante, el 55% de la población mundial, unas 4.000 millones de personas, no contaban con ninguna forma de protección social en 2016. Sólo el 22% de los trabajadores desempleados estaban cubiertos por prestaciones de desempleo. Además, en febrero de 2020, sólo 87 países tenían programas de protección contra el desempleo establecidos en la legislación nacional y sólo 34 de esos países abarcaban a los trabajadores por cuenta propia.
El alcance de la cobertura de las prestaciones de las prestaciones de desempleo varía sustancialmente de una región a otra. En Australia y Nueva Zelanda la mitad de las personas desempleadas reciben prestaciones por desempleo, y el 44% en Europa y América del Norte. En cambio, sólo el 3% de los desempleados de África subsahariana y el 12% de los de América Latina y el Caribe reciben dichas prestaciones.
Las diferencias entre las regiones en cuanto a la cobertura de las prestaciones de asistencia social en efectivo para los grupos vulnerables (niños, personas en edad para trabajar y personas de edad que no están protegidas por planes contributivos) son igualmente pronunciadas. El 61% de las personas de esos grupos reciben prestaciones en efectivo en Europa y América del Norte, en comparación con el 4% en el Asia central y meridional.
Los desastres afectan de manera desproporcionada a los países menos adelantados
Los peligros biológicos como la COVID-19, junto con otros peligros como huracanes, inundaciones, terremotos e incendios forestales, causan desastres y agudizan la pobreza. De acuerdo con los últimos informes presentados por el proceso de supervisión del Marco de Sendai para 80 países en 2018, se atribuyeron 23.458 muertes y 2.164 personas desaparecidas atribuidas a desastres. 63 países comunicaron pérdidas económicas directas por valor de 23.600 millones de dólares, de las cuales el 73% (17.100 millones de dólares) se registraron en el sector agrícola y el 16% (3.800 millones de dólares) en el sector de vivienda.
En 2018, los países menos adelantados (PMA) se vieron afectados de manera desproporcionada por casos de desastre. Los 17 países menos adelantados que comunicaron pérdidas vinculadas a casos de desastre representaban el 14% de la población total de los 80 países que comunicaron dichas pérdidas, pero más del 29% del total de muertes y personas desaparecidas atribuidas a desastres. Las repercusiones económicas de los desastres también fueron mayores para los PMA en relación al tamaño de sus economías. Los 17 PMA que comunicaron pérdidas económicas representaban el 2% del PBI de todos los países que comunicaron dichas pérdidas, pero sufrieron el 10% del total de las pérdidas económicas directas.
Tras décadas de una disminución constante, el número de personas que padecen hambre (medido por la prevalencia de desnutrición) comenzó a aumentar nuevamente en el año 2015. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años.
El mundo no está bien encaminado para alcanzar el Objetivo de Hambre Cero para el año 2030. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas.
Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. La pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y sumar unos 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales del 2020.
Con más de 250 millones de personas que podrían encontrarse al borde de la hambruna es necesario actuar rápidamente para proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a las regiones que corren más riesgos.
Al mismo tiempo, es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2000 millones de personas más que vivirán en el mundo en 2050. El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre.
La erradicación del hambre y lograr la seguridad alimentaria continúan siendo un desafío, más aún en vista de la crisis del COVID-19. A nivel mundial, el hambre y la seguridad alimentaria han aumentado y la malnutrición sigue afectando a millones de niños. Es probable que la situación empeore debido a la desaceleración económica y a los trastornos causados por una recesión desencadenada por una pandemia. Para mitigar las amenazas que presenta la pandemia para las poblaciones vulnerables, los países deben adoptar medidas inmediatas para mantener la corriente comercial, fortalecer las cadenas de suministro de alimentos y aumentar la producción agrícola.
Es probable que el reciente aumento de la inseguridad alimentaria empeore debido al COVID-19
Desde el año 2014, la prevalencia de la nutrición insuficiente (inseguridad alimentaria crónica) en el mundo se ha mantenido prácticamente variable a un nivel ligeramente inferior al 9%. Sin embargo, la cifra total de personas que padecen hambre ha aumentado lentamente durante varios años consecutivos. Más de 690 millones de personas padecían de nutrición insuficiente en 2019, cerca de 60 millones más desde 2014.
La eliminación del hambre no garantizará que todos tengan acceso a suficientes alimentos nutritivos. Se estima que el 25,9% de la población mundial se vio afectada por una inseguridad alimentaria moderada o grave en 2019, lo que supone un aumento con respecto al 22,4% correspondiente al año 2014. Las personas que padecen una inseguridad alimentaria moderada en general no pueden mantener una dieta sana y equilibrada de manera regular debido a las limitaciones de ingresos u otros recursos. Aquellos que enfrentan una inseguridad alimentaria grave, alrededor de 750 millones de personas, tienden a quedarse sin alimento y, lo que es peor, pueden pasar uno o dos días sin comer.
El reciente aumento de la inseguridad alimentaria se debió principalmente a que la situación en África Subsahariana y en América Latina empeoró. Las estimaciones para el periodo 2016-2019 indicaban que la inseguridad alimentaria era mayor entre mujeres adultas que entre hombres en todas las regiones. Junto con los conflictos y las repercusiones del clima, el COVID-19 supone una amenaza adicional para los sistemas alimentarios, ya que reduce indirectamente el poder adquisitivo y la capacidad de producir y distribuir alimentos, lo que afecta a las poblaciones más vulnerables. El COVID-19 podría añadir hasta 132 millones de personas desnutridas en el mundo 2020.
Los productores de alimentos en pequeña escala, ya desfavorecidos, se ven duramente afectados por los efectos de la pandemia
Los pequeños agricultores desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos en todo el mundo, aunque habitualmente se enfrentan a dificultades para acceder a la tierra y a otros recursos productivos, así como a la información, servicios financieros, mercados y oportunidades. Los datos disponibles muestran que la proporción de productores en pequeña escala de todos los productores de alimentos de África, Asia y América Latina oscila entre el 40% y el 85%. Sin embargo, los datos reunidos en países seleccionados muestran que en promedio su productividad es sistemáticamente inferior a la de los productores en mayor escala y, en la mayoría de los países, sus ingresos corresponden a la mitad de los de sus homólogos de mayor tamaño. Las medidas de confinamiento adoptadas para impedir la propagación de la enfermedad del coronavirus han llevado a que las empresas y los mercados locales cierren y muchas veces no se permite que los productores de alimentos en pequeña escala hagan llegar sus productos a los consumidores.
Es probable que el retraso en el crecimiento y la emaciación en niños, que ya son demasiados altos, empeoren debido a la pandemia del coronavirus
La desnutrición crónica, o retraso en el crecimiento, genera un mayor riesgo de que los niños mueran debido a infecciones comunes; también se vincula con un desarrollo cognitivo deficiente. La proporción de niños menores de 5 años que sufren de retraso en el crecimiento disminuyó del 32% en el año 2000 al 23% en el año 2015 y al 21% en el año 2019. Sin embargo, 144 millones de niños menores de 5 años seguían afectados por el retraso en el crecimiento en el año 2019. Tres cuartas partes de estos niños vivían solamente en dos regiones: Asia Meridional (39%) y África Subsahariana (36%).
Es necesario redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta mundial de reducir la cifra de niños con retraso de crecimiento a 99 millones para el año 2025, y a 82 millones para 2030.
En el año 2019 el 6,9 % (es decir 47 millones) de los niños menores de 5 años se vieron afectados por emaciación o desnutrición aguda, un trastorno causado por la ingesta limitada de nutrientes y por infecciones. Esto supera ampliamente la meta mundial del 5% para el año 2025 y del 3% para el año 2030. Más de la mitad de los niños que sufren de emaciación viven en el Asia Central y Meridional, la única región con una prevalencia superior al 10%.
El crecimiento y el desarrollo de esos niños corren un mayor riesgo durante la crisis actual debido a un acceso limitado a una dieta nutritiva y a los servicios esenciales de nutrición.
La incidencia del sobrepeso de los niños pequeños aumenta, lo que constituye una señal de alerta para futuros problemas de salud
El sobrepeso de la infancia se reconoce como un problema de salud pública mundial debido a su perniciosa influencia en la incidencia de las enfermedades agudas y crónicas, el desarrollo saludable y la productividad económica de las personas y las sociedades.
En el año 2019 el 5,6% (o 38 millones) de los niños menores de 5 años en todo el mundo padecían sobrepeso. La actual prevalencia mundial representa un nivel medio de gravedad, lo que indica que se necesitan con urgencia medidas preventivas para la población más joven.
El sobrepeso y la emaciación muchas veces coexisten en una población y son considerados la doble carga de la malnutrición. Por ejemplo, en África Septentrional y Asia Sudoriental, la prevalencia de la emaciación en el año 2019 fue de 7,2% y 8,2% respectivamente, mientras que el sobrepeso fue de 11,3% y 7,5%.
La inversión en la agricultura, en relación con su contribución a la economía, sigue disminuyendo
La inversión pública en la agricultura puede aumentar la productividad, atraer la inversión privada y ayudar a reducir la pobreza y el hambre. La proporción de las contribuciones del gobierno a la agricultura en comparación con las contribuciones del sector al PIB, conocida como índice de orientación agrícola, se redujo de 0,42% en el año 2001 a 0,31% en el año 2015 y a 0,28% en el año 2018 en todo el mundo. Entretanto, la proporción de la ayuda asignable por sectores a la agricultura de todos los donantes se redujo de casi el 25% a mediados de la década de 1980 a solo el 5% en el año 2018, lo que representa 12800 millones de dólares.
La caída en la asistencia a la agricultura se debe a que ha cambiado el enfoque de los donantes a los problemas del sector social, tales como la gobernanza, la generación de capital social y la ayuda a estados frágiles.
En 2019, el aumento de los precios de los alimentos se concentró principalmente en África Subsahariana
Los fuertes aumentos de los precios de los alimentos en el año 2019 se concentraron en gran medida en África Subsahariana, impulsados por la crisis de producción, las dificultades macroeconómicas y los conflictos prolongados.
En África Oriental, las condiciones climáticas extremas redujeron la producción agrícola y obstaculizaron el transporte, lo que causó la disminución de los suministros al mercado y el aumento de precios de los cultivos básicos. Además, la fuerte demanda regional de exportaciones ejerció una presión alcista sobre los precios.
En África Occidental, la persistente inseguridad civil siguió obstaculizando las actividades del mercado, lo que repercutió negativamente en los precios de los alimentos. Los precios en África Meridional alcanzaron niveles sin precedentes debido a las repercusiones del clima y a importantes problemas económicos, entre ellos, la fuerte depreciación de las monedas locales. La depreciación de las monedas locales también contribuyó a los altos precios de los alimentos en otras regiones, como América Latina.
En el año 2020, el aumento de la demanda de alimentos y las interrupciones de las cadenas de suministros provocadas por la pandemia del COVID-19 sustentaron los aumentos de los precios de los alimentos en varios países durante la segunda quincena de marzo y de abril.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el Desarrollo Sostenible.
Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria sin precedentes: el COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo.
Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas. En concreto, estos grandes avances se alcanzaron al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes como emergentes. A través de una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene, y un mayor acceso al personal médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de ayudar a salvar las vidas de millones de personas.
Las emergencias sanitarias, como la derivada del COVID-19, suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las capacidades de los países para enfrentar la crisis del COVID-19 y recuperarse de ella. La pandemia constituye un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las emergencias sanitarias y la inversión en servicios públicos vitales del siglo XXI.
Hasta finales del año 2019, continuaron los avances en muchas áreas de la salud, pero el ritmo de progreso no fue suficiente para alcanzar la mayoría de las metas del Objetivo 3. La pandemia del COVID-19 está limitando el progreso aún más. El rápido aumento de los casos de COVID-19 está causando una pérdida importante de vidas y sobrecargando muchos sistemas de salud. Los servicios esenciales de salud y las intervenciones para salvar vidas se están viendo interrumpidos. Las personas no pueden o tienen miedo a asistir a los centros de atención sanitaria para solicitar servicios como exámenes médicos, vacunas e incluso atención médica urgente.
Esto podría conllevar consecuencias potencialmente fatales y amenaza con revertir décadas de mejoras en los resultados de la salud.
En muchos países, el brote también desencadena una alarma en cuanto a la preparación para las emergencias sanitarias y los servicios de inmunización. Esto es particularmente grave en los países en que los sistemas de salud no pueden hacer frente al aumento de la demanda debido a la falta de personal sanitario, equipo médico y suministros.
El COVID-19 podría revertir años de progreso en la disminución de la mortalidad materna e infantil, a menos que se tomen medidas urgentes
Se han logrado progresos en materia de salud materna. La tasa de mortalidad materna se redujo en un 38% entre los años 2000 y 2017, pasando de 342 a 211 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en todo el mundo. En promedio, la tasa de mortalidad materna mundial disminuyó en un 2,9% anual durante ese periodo. Sin embargo, esto representa menos de la mitad de la tasa anual del 6,4% necesaria para alcanzar la meta a nivel mundial de 70 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos para el año 2030. Cada día, durante el año 2017, aproximadamente 810 mujeres murieron por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. África Subsahariana y Asia Meridional registran alrededor del 86% de las muertes maternas de todo el mundo.
El mundo también ha logrado enormes progresos en la disminución de la mortalidad infantil en las dos últimas décadas. La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años se redujo de 76 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos en el año 2000, a 42 en el año 2015, y a 39 en el año 2018. A pesar de estos progresos, unos 5,3 millones de niños murieron antes de cumplir los 5 años de edad, sólo en el año 2018; casi la mitad de estas muertes, es decir 2,5 millones, se produjeron en los primeros 28 días de vida (el periodo neonatal). África Subsahariana sigue siendo la región con la tasa de mortalidad más elevada de niños menores de 5 años: en el año 2018, uno de cada 13 niños murió antes de cumplir los 5 años. Esto es 16 veces más alto que el promedio de los países de altos ingresos. En el año 2018, 121 países ya habían cumplido las metas de los ODS acerca de la mortalidad de los niños menores de 5 años y se espera que 21 países lo logren para 2030. Sin embargo, será necesario acelerar los progresos en 53 países, dos tercios de los cuales se encuentran en África Subsahariana.
A medida que la epidemia del COVID-19 sigue erosionando los sistemas de salud, interrumpiendo los servicios sanitarios de rutina y limitando el acceso a dietas nutritivas y a servicios esenciales de nutrición, se prevé que en el año 2020 se produzcan cientos de miles de muertes de menores de 5 años, junto con decenas de miles de muertes maternas adicionales. Según un estudio reciente, si se interrumpe la atención sanitaria de rutina y se limita el acceso a los alimentos, el aumento de las muertes infantiles y maternas podría ser devastador: 118 países de ingresos bajos y medios podrían registrar un aumento de 9,8% a 44% de muertes de niños menores de 5 años por mes y un aumento de 8,3% a 38,6% de muertes maternas por mes, en un periodo de 6 meses.
La tasa de embarazos no deseados podría dispararse si no se garantiza la continuidad de los suministros y servicios de planificación familiar
Garantizar que todos los partos cuenten con atención especializada forma parte de una estrategia de eficacia probada para reducir la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal. A nivel mundial, el 81% de los nacimientos fueron asistidos por personal sanitario calificado durante el periodo 2014-2019, en comparación con el 64% del periodo 2000-2005, y muchas regiones lograron una cobertura casi universal. A pesar de estos progresos, sólo el 60% de los partos fueron asistidos por personal calificado en África Subsahariana y el 77% en Asia Meridional. Además, se prevé que en África Subsahariana se registre un aumento del 15% en los nacimientos anuales entre los años 2019 y 2030. Suponiendo que la cobertura actual se mantenga igual, se calcula que en 2030 unos 17 millones de nacimientos en África Subsahariana no contarán con la asistencia de personal especializado.
Satisfacer la demanda de planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos también contribuye a mejorar la salud materno-infantil al evitar embarazos no deseados y poco espaciados. A nivel mundial, la proporción de mujeres en edad de procrear (15 a 49 años) que tienen satisfecha su necesidad de planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos aumentó ligeramente del 75,7% en el año 2010 al 76,8% en 2020. A pesar de los progresos realizados en África Subsahariana en la última década, sólo el 55,5% de las mujeres de la región que desean evitar el embarazo utilizan anticonceptivos modernos. A nivel mundial, la cifra es de más de 250 millones.
Se ha observado en todo el mundo una disminución constante de la tasa de natalidad de las adolescentes. Esta disminuyó de 48 nacimientos anuales por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad en el año 2010, a 45 nacimientos en 2015 y 41 nacimientos en 2020. Entre los factores que contribuyen a ello se incluyen los esfuerzos por promover un comportamiento reproductivo y sexual sano y responsable entre los adolescentes, la disminución de la incidencia de los matrimonios infantiles y un mayor acceso a anticonceptivos modernos. Sin embargo, persisten marcadas disparidades entre las regiones: en África Subsahariana la tasa de natalidad en adolescentes sigue siendo de 101 nacimientos anuales por cada 1000 mujeres.
A medida que el COVID-19 continúa propagándose, muchos centros de salud están cerrados o sólo ofrecen servicios limitados. Además, muchas mujeres y niñas optan por saltearse importantes revisiones médicas por miedo a contraer el virus. Las interrupciones de la cadena de suministros a nivel mundial pueden provocar una escasez de anticonceptivos. Como resultado, decena de millones de mujeres pueden no tener acceso a los servicios de anticoncepción, lo que resultaría en millones de embarazos no deseados.
La crisis del COVID-19 ha interrumpido los esfuerzos de inmunización infantil a nivel mundial, con consecuencias potencialmente mortales
La inmunización es ampliamente reconocida como una de las intervenciones sanitarias que salvan millones de vidas más exitosas y rentables del mundo. La cobertura de las tres dosis requeridas de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP 3) aumentó del 72% en el año 2000 al 86% en el año 2018. La cobertura de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión (MVC 2) aumentó del 19% en el año 2000 al 69% en el año 2018. Ese año se estima que 19,4 millones de niños no recibieron estas vacunas esenciales durante el primer año de vida, lo que los expuso a un grave riesgo de enfermedades potencialmente mortales. Además, la cobertura mundial de la vacuna neumocócica conjugada (PCV), que disminuye significativamente la neumonía, otra de las principales causas de muertes en niños, aún no alcanza al 50%.
La crisis del COVID-19 ha interrumpido los esfuerzos de inmunización infantil en todo el mundo. Desde marzo del año 2020, los servicios de inmunización infantil sistemática se han interrumpido a una escala que no se había visto desde el inicio del Programa Ampliado de Inmunización en la década de 1970. Más de la mitad (53%) de los 129 países sobre los que se dispone de datos informaron interrupciones desde moderadas a graves o una suspensión total de los servicios de vacunación durante marzo y abril del año 2020.
En particular las campañas de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis han sido muy afectadas, ya que se han suspendido las campañas de vacunación contra el sarampión en 27 países y las campañas contra la poliomielitis en 38 países. Al menos 24 millones de personas en 21 países de bajos ingresos corren el riesgo de no recibir las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la fiebre amarilla, el cólera, el rotavirus, el virus del papiloma humano (VPH), la meningitis A y la rubéola. Además, los cierres de fronteras resultantes de los brotes del COVID-19 están provocando una posible escasez de vacunas en al menos 26 países de ingresos bajos y medios.
Los cuidados intensivos para personas con enfermedades no transmisibles son aún más valiosos en la era del COVID-19
La probabilidad de morir de cualquiera de las cuatro principales enfermedades no transmisibles (ENT) - enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, y enfermedades respiratorias crónicas - entre los 30 y los 70 años de edad disminuyó del 22% en el año 2000, al 19% en el año 2010 y al 18% en el año 2016. La lentitud de los progresos se debe principalmente a la escasez general de servicios dentro y fuera de los sistemas de salud para prevenir y tratar las ENT. En el año 2016, el 71% de todas las muertes a nivel mundial eran atribuibles a las ENT; de éstas, el 85% de los 15 millones de muertes prematuras (antes de los 70 años de edad) se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Las personas con enfermedades no transmisibles preexistentes son más vulnerables a enfermarse gravemente por el coronavirus. Sin embargo, los servicios de prevención y tratamiento de las ENT se han visto gravemente perturbados desde que comenzó la pandemia del COVID-19, siendo los países de bajos ingresos los más afectados. Muchas personas que necesitan estos tratamientos no reciben los servicios de salud ni los medicamentos necesarios. Por lo tanto, es necesario tomar medidas claves con urgencia, incluida la atención esencial para las afecciones agudas que ponen en riesgo la vida.
Las interrupciones de servicios vinculadas con el COVID-19 podrían causar un pico de enfermedades y muertes por otras enfermedades transmisibles
A pesar de los avances en muchos frentes, las interrupciones de los servicios vinculadas al COVID-19 podrían causar cientos de miles de muertes adicionales por SIDA, tuberculosis, paludismo y enfermedades tropicales desatendidas.
VIH | Entre los años 2010 y 2018, la incidencia del VIH entre los adultos de 15 a 49 años de edad disminuyó un 18% a nivel mundial. Sin embargo, desde el año 2015 los avances han sido insignificantes, lo que ha dificultado el logro de la meta de los ODS en el mundo. En el año 2018, la incidencia del VIH era del 0,24% por cada 1000 habitantes no infectados y se estimaba que las nuevas infecciones de VIH eran de 1,7 millones. Entre los años 2010 y 2018, los persistentes esfuerzos por alcanzar a las mujeres embarazadas con VIH han resultado en una disminución de 44% de su incidencia en niños pequeños a nivel mundial. La disminución más pronunciada (37%) entre los adultos durante ese periodo se observó en África Subsahariana. No obstante, el 61% de todas las nuevas infecciones de VIH en el año 2018 se produjeron también en esa región. Se necesitan mayores esfuerzos para mitigar y superar las interrupciones de los servicios y suministros sanitarios en África Subsahariana durante la pandemia del COVID-19. Los modelos muestran que, si no se adoptan medidas, una interrupción completa de los servicios relacionados con el VIH durante seis meses, incluida la terapia antirretroviral, podrían provocar más de 500.000 muertes adicionales en África Subsahariana en el periodo 2020-2021 debido a enfermedades relacionadas con el SIDA, incluida la tuberculosis.
Paludismo | Después de muchos años de disminuciones impresionantes en el peso que significa el paludismo para el mundo, los progresos se han estancado. La tasa de incidencia del paludismo se redujo en un 30% entre los años 2000 y 2014 (de 81 a 57 casos por cada 1000 habitantes) y luego se mantuvo en un nivel igualmente bajo hasta 2018. El mundo no está bien encaminado para alcanzar la meta de los ODS de acabar con el paludismo. Peor aún, los servicios de prevención del paludismo podrían verse interrumpidos por la propagación del COVID-19 en los países donde el paludismo es endémico. Los modelos recientes muestran que la cancelación de las campañas de prevención y las graves interrupciones del tratamiento en África Subsahariana podrían generar un aumento del 23% de los casos y un aumento del 100% de las muertes para finales del año 2020 (en comparación con la base de referencia del año 2018). Esto significa que las 769.000 muertes por paludismo previstas solo en África Subsahariana podrían superar la cifra de muertes en el mundo por paludismo del año 2000, cuando la epidemia del paludismo estaba en su punto álgido.
Tuberculosis | La tuberculosis es la principal causa de muerte en el mundo por un solo agente infeccioso y la décima causa de muerte en general. Se calcula que, en 2018, unas 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis (el 89% eran adultos, el 63% eran hombres y el 8,9% personas con VIH). La incidencia de la tuberculosis disminuyó de 172 casos nuevos y reincidentes por cada 100.000 habitantes en el año 2000, a 141 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2015 y a 132 casos en el año 2018. La tasa de mortalidad por tuberculosis entre las personas seronegativas se redujo en un 42% entre los años 2000 y 2018, y en un 8% entre los años 2015 y 2018. La tuberculosis farmacorresistente es una amenaza continua: en el año 2018, hubo 484.000 nuevos casos con resistencia a la rifampicina, el fármaco de primera línea más eficaz. Persisten grandes deficiencias en la detección y el tratamiento, y el ritmo actual de progreso no es lo suficientemente rápido para cumplir la meta de los ODS de acabar con la epidemia para el año 2030. Los modelos sugieren que si la pandemia del COVID-19 lleva a una disminución del 25% en la detección de la tuberculosis mundial durante 3 meses (una posibilidad realista dado los niveles de interrupción que se observan en diversos países), entonces podría esperarse un aumento del 13% en las muertes por tuberculosis. Esto significaría que el mundo volvería a los niveles de mortalidad por tuberculosis de hace 5 años.
Enfermedades tropicales desatendidas | En la última década se han hecho progresos notables en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas y en su eliminación y erradicación. La cifra total de personas que necesitaron tratamiento para las enfermedades tropicales desatendidas disminuyó de 2190 millones de personas en el año 2010, a 1800 millones de personas en el año 2015 y a 1760 millones de personas en al año 2018. El progreso se ha visto impulsado en parte por el hecho de que se eliminó al menos una enfermedad tropical desatendida en cada uno de los 40 países. No obstante, el 52% de la población de los PMA (530 millones de personas) sigue necesitando tratamiento y atención, lo que representa una disminución con respecto al 78% del año 2010. La suspensión temporal de actividades comunitarias y otras interrupciones debidas al COVID-19 puede erosionar los logros obtenidos gracias al duro trabajo e inversión en enfermedades tropicales desatendidas durante años.
El mundo no está cumpliendo su promesa de cobertura sanitaria universal para el año 2030
La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan, cuando y donde los necesiten, sin generarles dificultades financieras. Esto incluye la gama completa de servicios esenciales de salud, desde la promoción de la salud a la prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Se calcula que la cifra de personas cubiertas por los servicios esenciales de salud en el año 2017 se situaba entre 2500 y 3700 millones, es decir, entre un tercio y la mitad de la población mundial. Sólo del 12% al 27% de la población de los países de bajos ingresos estaban plenamente cubiertos ese año. Si las tendencias actuales continúan, sólo del 39% al 63% de la población mundial se beneficiará con esos servicios para el año 2030.
La crisis del COVID-19 está interrumpiendo los servicios esenciales de salud en todo el mundo. Se han suspendido algunos servicios para liberar recursos para los pacientes de COVID-19 y para reducir el riesgo de transmisión. La demanda de algunos servicios críticos ha disminuido a medida que los pacientes tratan de aligerar la carga de los hospitales y otros centros de salud. Para que la cobertura sanitaria universal sea una realidad para el año 2030, el aumento de prestaciones y el uso de los servicios esenciales de salud deben acelerarse enormemente.
El aumento de los gastos directos de atención médica está alcanzando niveles insostenibles, empujando a millones de personas a la pobreza extrema
El logro de la cobertura sanitaria universal sigue siendo un desafío en todo el mundo. La cantidad de personas que incurren en grandes gastos directos de atención médica ha ido en aumento y probablemente continuará aumentando. A nivel mundial, la proporción de la población que gasta más del 10% de su presupuesto familiar para pagar la atención médica se incrementó del 9,4% al 12,7% (927 millones de personas) entre los años 2000 y 2015.
Se estima que, en el año 2015, casi 90 millones de personas se vieron empujadas a la pobreza extrema debido a pagos directos de atención médica. En el año 2020, un estimado de mil millones de personas gastarán por lo menos el 10% de sus presupuestos familiares en atención médica, la mayoría de ellas en países de ingresos medianos-bajos. La pérdida de ingresos debido a las medidas de confinamiento por el COVID-19 probablemente agravará la situación.
La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) desempeña un papel fundamental en el financiamiento de la atención de la salud y la investigación médica, y en el apoyo a las respuestas nacionales al COVID-19. Aunque la AOD de todos los donantes destinada a la salud básica aumentó en un 41% en términos reales desde 2010, hasta alcanzar los 10 mil millones de dólares en el año 2018, los progresos se han estancado en los últimos años.
La pandemia destaca la escasez de personal médico en todo el mundo, así como la pesada carga de la enfermería en las mujeres
En la mayoría de los países, la participación laboral de mujeres en el sector sanitario y social es mucho mayor que su participación laboral en la economía general. Según los datos correspondientes al periodo 2013-2018 a nivel mundial, las mujeres constituyen más del 76% de los médicos y del personal de enfermería combinados, pero la distribución varía considerablemente entre las dos ocupaciones. Las mujeres representan poco más del 40% de los médicos, pero casi el 90% del personal de enfermería. Estudios recientes muestran que, aunque las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral del sector sanitario y social, muchas veces están representadas de manera insuficiente en el cuerpo directivo superior.
La pandemia está destacando la escasez actual de profesionales de la salud en muchos países, en particular en las regiones que llevan la mayor carga de enfermedades. Más del 40% de todos los países cuentan con menos de 10 médicos por cada 10.000 personas y más del 55% de los países cuentan con menos de 40 enfermeras y parteras por cada 10.000 personas. Se necesitan 18 millones de trabajadores sanitarios más, principalmente en los países de ingresos bajos y medio-bajos, para lograr la cobertura sanitaria universal para el año 2030.
La pandemia destaca la necesidad de una mayor preparación para las emergencias de salud pública
En el año 2019, 166 países informaron sobre su preparación para detectar y notificar emergencias sanitarias tales como la pandemia del coronavirus mediante la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. El análisis muestra progresos constantes desde el año 2018 en casi todas las capacidades principales, excepto en las de recursos humanos, la que se mantiene sin cambios en el 63%. Aunque todavía queda mucho por hacer en las mayorías de las áreas, los informes del año 2019 proporcionaron pruebas claras del firme compromiso político de cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional. También demostraron que se requieren esfuerzos continuos para mejorar y mantener los sistemas de alerta temprana y para mitigar y gestionar los riesgos para la salud pública en el contexto nacional. La experiencia actual con la crisis del COVID-19 ha destacado aún más la necesidad de fortalecer la preparación para situaciones de emergencia, así como incrementar rápidamente la capacidad de respuesta y mejorar la colaboración multisectorial e internacional.
La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los niveles, especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018 (cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo etario). Además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas.
En 2020, a medida que la pandemia del COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91% de los estudiantes en todo el mundo. En abril del 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria.
Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial.
A pesar de los progresos realizados, el mundo no está bien encauzado para cumplir las metas de enseñanza para el año 2030. Antes de la crisis del coronavirus, las proyecciones indicaban que más de 200 millones de niños no asistían a la escuela y que sólo el 60% de los jóvenes completarían la enseñanza secundaria superior en el año 2030. Los sistemas de enseñanza de todo el mundo se han visto golpeados dura y abruptamente por la pandemia. El cierre de escuelas para detener la propagación del COVID-19 ha afectado a la gran mayoría de la población estudiantil del mundo. La interrupción de la educación está afectando negativamente los resultados de la enseñanza y el desarrollo social y conductual de niños y jóvenes. Los niños y los jóvenes de las comunidades vulnerables y desfavorecidas están en mayor riesgo de la exclusión educativa. La pandemia está profundizando la crisis de la enseñanza y ampliando las desigualdades educativas existentes.
El cierre de escuelas en todo el mundo puede revertir años de progreso en el acceso a la enseñanza
Antes de la crisis del coronavirus, la proporción de niños y jóvenes que no asistían a la escuela primaria y secundaria había disminuido del 26% en el año 2000 al 19% en el año 2010 y al 17% en el año 2018. A pesar de algunos progresos, en el año 2018 todavía había 258 millones de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, de los cuales tres cuartas partes vivían en África Subsahariana y Asia Meridional. En el nivel de enseñanza primaria, las niñas se enfrentan a más obstáculos que los niños. En el año 2018, en todo el mundo, había aproximadamente 5,5 millones más niñas que niños que, a pesar de tener la edad suficiente, no asistían a la escuela primaria. La desventaja que enfrentan las niñas es más pronunciada en África Subsahariana, donde en ese año, no asistían a la escuela primaria 128 niñas por cada 100 niños.
En el año 2020, a medida que el COVID-19 se propaga por todo el mundo, más de 190 países han implementado cierres de escuelas a nivel nacional. Alrededor del 90% de todos los alumnos (1570 millones) no asistieron a la escuela. Aunque en cuatro de cada cinco países en los que se han cerrado escuelas se ofrecen soluciones de aprendizaje a distancia, en la actualidad al menos 500 millones de niños y jóvenes no cuentan con esas opciones. Es probable que la mera magnitud de los cierres de escuelas genere un retroceso de los progresos logrados en el acceso a la enseñanza.
Sin medidas correctivas, los efectos del COVID-19 sólo se sumarán a los obstáculos que ya enfrentan los niños pobres para completar su educación
El Objetivo N°4 apunta a que los niños permanezcan en la escuela y a asegurar que completen su educación. Se estima que la tasa mundial de culminación de enseñanza primaria será del 85% en el año 2019, lo que significa un aumento frente al 70% del año 2000. Las tasas de escolarización en la enseñanza secundaria inferior y superior fueron del 73% y el 49% respectivamente, con grandes disparidades entre los grupos de población. Por ejemplo, en los países de bajos ingresos, la tasa de culminación de la enseñanza primaria es del 34% para los niños del 20% de los hogares más pobres y del 79% para los niños del 20% de los hogares más ricos. Se encontraron disparidades similares en las tasas de culminación de la enseñanza secundaria inferior y superior.
Es probable que los meses de inasistencia a la escuela debido al COVID-19 tengan un efecto en los resultados de la enseñanza. A más largo plazo, la falta de asistencia prolongada a la escuela está vinculada con menores tasas de retención y graduación, y peores resultados de aprendizaje, en particular en los segmentos de la población desfavorecida, incluidos los miembros de hogares pobres y los alumnos con discapacidades.
La enseñanza a distancia continúa fuera del alcance de la mayoría de los alumnos de los países más pobres
Durante la pandemia del COVID-19 muchas escuelas están ofreciendo a sus alumnos enseñanza a distancia a través de aulas virtuales, para así mitigar el efecto del cierre de escuelas. Aunque esta es una opción para algunos, está fuera del alcance de muchos. La falta de acceso a computadoras y a Internet en el hogar, así como el bajo nivel de conocimientos informáticos ponen a muchos alumnos ya marginados en una situación aún más desventajosa.
En el año 2019, alrededor de del 87% de los hogares de Europa tenían acceso a Internet en sus casas, en comparación con el 18% de los hogares de África. La brecha digital también se refleja en la propiedad de las computadoras: en el año 2019, el 78% de los hogares de Europa tenían una computadora, en comparación con el 11% de África.
El éxito del aprendizaje a distancia también depende de los conocimientos informáticos de los docentes y de los padres. En aproximadamente la mitad de los 86 países sobre los que se dispone datos, menos de la mitad de los habitantes tenía conocimientos básicos de informática, tales como copiar un archivo electrónico. Para habilidades más complejas, como descargar e instalar nuevo software y escribir un programa especializado, las tasas eran aún más bajas.
El cierre de escuelas genera riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los niños vulnerables
Para millones de niños de todo el mundo, la escuela no es sólo un lugar para aprender, también es un lugar seguro donde se mantienen alejados de la violencia, reciben alimentación gratuita y servicios sanitarios y nutricionales como vacunas, desparasitación y suplemento de hierro. Se estima que 379 millones de niños perdieron la alimentación escolar debido al cierre de escuelas durante la pandemia. Sin esto, muchos niños pasan hambre, lo que también amenaza sus sistemas inmunitarios y su capacidad para hacer frente a las enfermedades.
Como muestran los estudios de crisis anteriores, el cierre de escuelas y la recesión económica causada por el COVID-19 también pueden aumentar las tasas de violencia, trabajo y matrimonio infantiles, así como los embarazos precoces. Los niños de familias pobres muchas veces trabajan para compensar la pérdida de ingresos familiares. Además, la menor productividad de los padres que trabajan plantea problemas económicos tanto a la familia como a la sociedad.
Es probable que el costo de la lucha contra el COVID-19 y la disminución de los ingresos fiscales provocada por la recesión económica tengan un efecto negativo en el gasto de los gobiernos en la enseñanza y en la ayuda mundial a la educación.
La falta de infraestructura básica en las escuelas, como instalaciones para lavarse las manos, dificultará la recuperación ante el COVID-19
La falta de instalaciones básicas para el lavado de manos en muchas escuelas de todo el mundo significa que los docentes y los alumnos no cuenten con un entorno de enseñanza seguro. En las zonas donde las escuelas están cerradas debido a la pandemia, también significa que no podrán practicar las medidas de higiene esenciales cuando regresen a la escuela. Según los datos disponibles, sólo el 65% de las escuelas primarias de todo el mundo cuentan con instalaciones básicas para el lavado de manos. La proporción es ligeramente superior en la enseñanza secundaria de primer y segundo ciclo, con un 71% y un 76% respectivamente. De todas las regiones, África Subsahariana es la que se enfrenta a los mayores problemas, ya que sólo el 38% de las escuelas primarias y el 43% de las escuelas secundarias cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos.
Muchas escuelas también carecen de otros recursos básicos, como energía eléctrica, agua potable, computadoras y acceso a Internet. A nivel mundial, el 89% de las escuelas secundarias superiores tienen acceso a energía eléctrica, el 85% a agua potable básica, el 74% a computadoras y el 61% a Internet. Las escuelas que se encuentran en África Subsahariana son las más desfavorecidas: sólo el 57% de las escuelas secundarias superiores tienen acceso a la energía eléctrica, el 55% a agua potable, el 41% a computadoras y el 24% a Internet.
Un paso importante hacia el objetivo de una enseñanza de calidad para todos es lograr suficientes docentes calificados en las aulas. Según los últimos datos disponibles, sólo el 85% de los docentes de escuelas primarias y el 86% de los docentes de escuelas secundarias de todo el mundo recibieron la capacitación mínima necesaria. África Subsahariana presenta el porcentaje más bajo de docentes calificados: el 64% en la enseñanza primaria y el 50% en la enseñanza secundaria.
La igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género.
A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un período de 12 meses.
Los efectos de la pandemia del COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. El brote de coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial, desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social.
Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos del COVID-19, ya que trabajan, de manera desproporcionada, en mercados laborales inseguros. Cerca del 60 % de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.
La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus abusadores, con dificultades para acceder a servicios que están padeciendo recortes y restricciones. Los nuevos datos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado.
Los compromisos internacionales para promover la igualdad de género han dado lugar a mejoras en algunas áreas: en los últimos años han disminuido el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF), y la representación de la mujer en el ámbito político es mayor que nunca. Sin embargo, la promesa de un mundo en el que todas las mujeres y las niñas disfruten de una igualdad de género plena y en el que se hayan eliminado todas las barreras legales, sociales y económicas para su empoderamiento sigue sin cumplirse. De hecho, este objetivo probablemente se encuentre más distante aún, ya que las mujeres y las niñas se ven duramente afectadas por la pandemia del COVID-19. La crisis está creando circunstancias que ya contribuyen a un aumento de denuncias de violencia contra las mujeres y niñas, y podría aumentar el matrimonio infantil y la MGF. Además, las mujeres suelen asumir la mayor parte de las tareas de cuidados adicionales debido al cierre de escuelas y guarderías. Las mujeres también están en la primera línea en la lucha contra el coronavirus, ya que representan casi el 70% de los trabajadores sanitarios y sociales en todo el mundo.
El COVID-19 agudiza el riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas
El confinamiento por la pandemia del coronavirus ha recluido a muchas mujeres y niñas a sus hogares, a veces con parejas abusivas, lo que las pone en mayor riesgo de violencia doméstica. Incluso antes de la pandemia, la violencia física y sexual contra las mujeres era muy común. Según las encuestas realizadas entre los años 2005 y 2017 en 106 países, el 18% de las mujeres y niñas de 15 a 49 años de edad que tuvieron alguna vez una relación de pareja fueron víctima de este tipo de violencia por parte de su compañero íntimo actual o anterior, en los 12 meses anteriores a la encuesta.
Los datos de varios países ya muestran un aumento de las denuncias de violencia doméstica a través de las líneas telefónicas de ayuda, en los refugios y albergues de mujeres y ante la policía. Al examinar esos datos, es importante tener presente que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia denuncian este delito o buscan ayuda. El hecho de estar confinadas en sus casas con un compañero abusivo y, en algunos países, no tener acceso a teléfonos móviles o a Internet, hace que sea más difícil para las mujeres buscar ayuda de manera segura. Según los datos de 66 países correspondiente al periodo comprendido entre el año 2016 y el año 2018, la tasa promedio de mujeres que poseen teléfonos móviles es 6,8 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. También es más probable que los teléfonos de las mujeres sean supervisados por compañeros abusivos o controladores. Además, debido a las interrupciones y cierres de servicios, las mujeres tienen menos acceso al apoyo y es posible que no busquen o no puedan recibir atención médica si la necesitan.
La pandemia mundial podría hacer retroceder los progresos logrados para poner fin al matrimonio infantil y a la mutilación genital femenina
El matrimonio antes de los 18 años de edad es una violación de los derechos humanos que afecta sobre todo a las niñas y puede llevar a toda una vida de desventajas y privaciones. Alrededor del año 2019, una de cada cinco mujeres (20,2%) entre las edades de 20 a 24 años contrajo matrimonio antes de cumplir los 18 años, en comparación con aproximadamente una de cada cuatro mujeres (23,8%) diez años antes.
Asia Meridional ha experimentado la mayor disminución durante este periodo. En la actualidad, el riesgo de matrimonio infantil es mayor en África Subsahariana, donde más de una de cada tres mujeres (34,5%) entre las edades de 20 a 24 años contrajo matrimonio antes de cumplir los 18 años. El cierre de escuelas y el aumento de la pobreza como resultado de la pandemia podrían exponer a más niñas a este riesgo.
La mutilación genital femenina (MGF) es otra flagrante violación de los derechos humanos. Al menos 200 millones de niñas y mujeres han sido sometidas a la MGF en 31 países en los que se concentra esta práctica; la mitad de esos países se encuentran en el África Occidental. Aunque esta práctica lesiva ha ido disminuyendo, todavía hay países en los que la MGF es casi universal y donde al menos 9 de cada 10 niñas y mujeres entre 15 y 49 años han sido sometidas a esta mutilación. Incluso en los países en los que la práctica se ha vuelto menos común, sería necesario acelerar los progresos en un factor de 10 para alcanzar la meta mundial de eliminación de esta práctica para 2030, debido al crecimiento de la población. El COVID-19 está interrumpiendo los programas para terminar con la MGF, lo que podría amenazar su progreso.
Las mujeres dedican más tiempo que los hombres a trabajos no remunerados, una carga que probablemente se haga más pesada durante la pandemia
En un día promedio, las mujeres dedican aproximadamente tres veces más horas que los hombres a trabajos domésticos y de cuidados de otros no remunerados, según los últimos datos de 89 países y zonas entre el año 2001 y el año 2018. El tiempo dedicado a estas actividades tiende a ser aún mayor en el caso de las mujeres con niños pequeños en casa. En aproximadamente el 75% de los países que disponen de datos sobre estas tendencias, se ha observado una pequeña disminución del tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas frente al que dedican los hombres.
La crisis del COVID-19 está cambiando radicalmente la forma en que las personas, en particular las mujeres, pasan su tiempo, muchas veces con un efecto negativo en su bienestar. Una encuesta realizada en 17 países muestra que tanto las mujeres como los hombres están asumiendo más responsabilidades en las tareas domésticas y el cuidado de los niños y la familia durante el confinamiento, pero la mayor parte del trabajo sigue recayendo en las mujeres y las niñas, lo que refleja las modalidades pre-pandémicas.
Las mujeres están asumiendo cada vez más cargos de poder, pero el mundo está todavía lejos de la paridad
Al 1° de enero de 2020, la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales (cámara baja y unicameral) había alcanzado el 24,9% frente al 22,3% del año 2015. La proporción de representación femenina osciló entre más del 30% en Australia y Nueva Zelandia, América Latina y el Caribe y Europa, y sólo el 6,2% en Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia); los datos de 133 países y zonas muestran que las mujeres tienen ahora un mejor acceso a los cargos de toma de decisiones a nivel local, ya que ocupan el 36,3% de los escaños elegidos en los órganos deliberantes locales. Sólo el 13% y el 15% de los países respectivamente, han alcanzado el equilibrio de género (40% o más) en los órganos legislativos de los parlamentos nacionales y en gobiernos locales. Este progreso se atribuye en gran medida a las cuotas de género legisladas.
En 2019, las mujeres representaban el 39% de los trabajadores a nivel mundial y la mitad de la población mundial en edad de trabajar, pero sólo el 28% de los cargos directivos (en comparación con el 25% en el año 2000). Las mujeres se enfrentan a mayores obstáculos que los hombres para acceder al empleo, y cuando lo obtienen, muchas veces se las excluye de los cargos de toma de decisiones. En el año 2019, las mujeres ocupaban el 41% de los cargos directivos en Asia Sudoriental y el 40% en América del Norte, pero sólo el 8% en África Septentrional.
En el contexto del COVID-19, es fundamental que las mujeres estén representadas equitativamente en los cargos de liderazgo vinculados a la pandemia. Esto ayudará a evitar que se profundicen las desigualdades existentes. También garantizará que se incluyan la dimensión de género y las inversiones en la igualdad de género en la legislación sobre la respuesta y la recuperación, los paquetes económicos y los presupuestos durante y después de la pandemia.
La falta de poder de decisión de las mujeres se extiende incluso a su propia salud reproductiva
De acuerdo con los datos del periodo 2007-2018 de 57 países sobre mujeres de 15 a 49 años de edad que están casadas o que mantienen una unión estable, poco más de la mitad de las mujeres (55%) toman sus propias decisiones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. En el análisis también se determinó que las mujeres son las que tienen más autonomía para decidir sobre el uso de los anticonceptivos (91%). Sin embargo, sólo tres de cada cuatro mujeres toman sus propias decisiones en cuanto a la atención médica o sobre si tener o no relaciones sexuales.
Los progresos en otros frentes son alentadores: en el año 2019, los países habían establecido el 73% de las leyes y reglamentaciones necesarias para garantizar el acceso pleno y equitativo a la salud y derechos sexuales y reproductivos, según datos de 75 países. Los resultados fueron particularmente alentadores cuando se trata del VIH. En promedio, los países habían establecido el 87% de las leyes y reglamentaciones necesarias para servicio de asesoramiento y pruebas de detección del VIH, el 91% para su tratamiento y atención, y el 96% necesario para guardar la confidencialidad de estos pacientes. Al mismo tiempo, los países habían sustituido el 79% de las leyes y reglamentaciones pertinentes que estipulan el consentimiento pleno, libre e informado de las personas antes de que reciban servicios de anticoncepción, incluida la esterilización.
Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas (principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre.
La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus del COVID-19. Aun así, hay miles de millones de personas que carecen de acceso a agua salubre y saneamiento, y los fondos son insuficientes.
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia crítica del agua, el saneamiento y la higiene para proteger la salud humana. A pesar de los progresos realizados, miles de millones de personas en todo el mundo siguen careciendo de estos servicios básicos. Es necesario adoptar medidas inmediatas para mejorar el acceso al agua, al saneamiento y a los servicios de higiene para evitar la infección y contener la propagación del COVID-19.
El agua es esencial no sólo para la salud, sino también para la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la paz y los derechos humanos, los ecosistemas y la enseñanza. No obstante, los países se enfrentan a desafíos cada vez más grandes vinculados a la escasez y contaminación del agua, los ecosistemas degradados relacionados con el agua y la cooperación en las cuencas de agua transfronterizas. Además, la falta de financiamiento y la debilidad de los sistemas gubernamentales impiden a muchos países lograr los avances necesarios. Salvo que las actuales tasas de progreso aumenten sustancialmente, no se podrán cumplir las metas del Objetivo N°6 para el año 2030.
Es fundamental subsanar las diferencias relacionadas al agua, el saneamiento y la higiene para contener la propagación del COVID-19 y otras enfermedades
La proporción de la población mundial que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera segura aumentó del 61% en el año 2000 al 71% en el año 2017. A pesar de los progresos realizados, 2200 millones de personas en todo el mundo seguían careciendo de agua potable gestionada de manera segura, y entre ellas, 785 millones no disponían de agua potable básica. La población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura aumentó del 28% en el año 2000 al 45% en el año 2017. Sin embargo, 4.200 millones de personas en todo el mundo seguían careciendo de un sistema de saneamiento gestionado de manera segura, y entre ellos, 2.000 millones no disponían de un sistema de saneamiento básico. Entre estas personas, 673 millones practicaron la defecación al aire libre.
Lavarse las manos es una de las formas más económicas, fáciles y efectivas para prevenir la propagación del coronavirus. Sin embargo, en el año 2017 sólo el 60% de las personas disponían en sus hogares de un servicio básico de lavado de manos con agua y jabón. En los países menos adelantados (PMA), la proporción fue del 28%. Esto significa que, en el año 2017 un estimado de 3000 millones de personas en todo el mundo carecían de la capacidad de lavarse las manos de forma segura en sus hogares. Las disparidades regionales son muy marcadas: en África Subsahariana, el 75% de los habitantes (767 millones de personas) carecía de instalaciones básicas para lavarse las manos, seguida de Asia Central y Meridional con el 42% (807 millones de personas), y de África Septentrional y Asia Occidental con el 23% (116 millones de personas).
Los servicios de agua, saneamiento e higiene no siempre están disponibles en los lugares donde las personas buscan atención médica: en el año 2016, uno de cada cuatro centros de atención sanitaria en todo el mundo carecía de suministros básicos de agua, uno de cada cinco centros de atención sanitaria no tenía servicios de saneamiento y dos de cada cinco centros de atención sanitaria no tenían agua y jabón ni desinfectantes de mano a base de alcohol, en los lugares de atención. Además, el 47% de las escuelas de todo el mundo carecían de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón. Subsanar estas diferencias será fundamental para proporcionar una atención sanitaria eficaz y para contener la propagación del COVID-19.
Es necesario acelerar la cooperación en materia de aguas transfronterizas
Más del 60% de las corrientes de agua dulce en todo el mundo procede de cuencas que atraviesan fronteras nacionales. La cooperación transfronteriza es una condición necesaria para una gestión ecológicamente racional de los recursos de agua dulce y para una integración regional pacífica. De acuerdo con los datos de 67 países de un total de 153 que comparten aguas transfronterizas, la proporción promedio de los países que compartían cuencas de aguas transfronterizas que estaban cubiertos por un acuerdo operacional en el periodo de 2017 a 2018 era del 59%. Solamente 17 países informaron de que todas sus cuencas transfronterizas estaban cubiertas por esos acuerdos. Se necesita un esfuerzo importante para garantizar que la cooperación esté operando en todas las cuencas transfronterizas.
Los alarmantes niveles de estrés hídrico en muchas regiones amenazan el progreso del Desarrollo Sostenible
Los altos niveles de estrés hídrico (extracción de demasiada agua dulce de fuentes naturales en comparación con el agua dulce disponible) puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y puede limitar o revertir el Desarrollo Sostenible. Si no se mitiga, el estrés hídrico puede llevar a la escasez de agua, lo que podría generar el desplazamiento de unos 700 millones de personas para el año 2030. A nivel mundial, el estrés hídrico se mantiene en un punto seguro del 17%, sin embargo, este valor general oculta enormes variaciones regionales. África Septentrional y Asia Central y Meridional registran niveles de estrés hídrico superiores al 70%. Le siguen Asia Occidental y Asia Oriental, con niveles de estrés hídrico entre el 45% y el 55%.
El aumento de la eficiencia en el uso del agua reduce el riesgo de estrés hídrico, reforzando la resiliencia tanto económica como ambiental. A nivel mundial, la eficiencia en el uso del agua aumentó de 37,80 dólares por metro cúbico en el año 2015 a 46,30 dólares en el año 2017. Las estimaciones oscilaban entre tan sólo 0,20 dólares por metro cúbico en los países cuyas economías dependen en gran medida de la agricultura, y 1197 dólares en las economías altamente industrializadas y basadas en servicios. El aumento de la productividad del agua en la agricultura es una intervención clave para mejorar la eficiencia del uso del agua.
La falta de agua dulce en los países más pobres aumenta su vulnerabilidad al cambio climático y a la escasez de agua
Los ecosistemas de agua dulce proporcionan lugares naturales para los asentamientos humanos, que aportan ventajas como el transporte, la depuración natural, el riego, la protección contra las inundaciones y los hábitats para la diversidad biológica. Sin embargo, el crecimiento demográfico, la intensificación agrícola, la urbanización y la producción industrial degradan las masas de agua dulce en todo el mundo, amenazando los ecosistemas y los medios de vida de las personas en todas partes. A nivel mundial, algo más del 2,1% de las tierras están cubiertas por masas de agua dulce, pero su distribución es desigual. En los países desarrollados, el 3,5% de las tierras están cubiertas de agua dulce, en comparación con el 1,4% de los países en desarrollo. Los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo tienen una cobertura significativamente menor de masas de agua dulce, del 1,2% y el 1% respectivamente, lo que aumenta su vulnerabilidad al cambio climático y a la escasez de agua.
El financiamiento disponible para las metas del Objetivo N°6 es insuficiente para satisfacer las necesidades de los países
Los compromisos de la Ayuda o Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para el sector del agua disminuyeron un 9% en 2018 con respecto al año anterior, en comparación con un aumento del 38% desde al año 2016 al 2017. Los compromisos vinculados al agua y el saneamiento continuaron aumentando, pero en un 3% entre el año 2017 y 2018, en comparación con el 19% del año anterior. Los datos de 20 países y territorios en desarrollo mostraron un déficit de financiación del 61% entre las necesidades identificadas para alcanzar las metas nacionales vinculadas al agua, el saneamiento y la higiene y la financiación disponible. El aumento de los compromisos de los donantes para el sector del agua sigue siendo crucial para mantener el progreso del Objetivo N°6.
Por otra parte, los desembolsos de la AOD para el sector hídrico aumentaron en un 6% desde el año 2017, alcanzando los 9400 millones de dólares en el año 2018, a pesar de la disminución general del 1,9% de los desembolsos de la AOD en todos los sectores. Los desembolsos en el sector del agua y saneamiento aumentaron en un 9%, lo que incluye un incremento de 346 millones de dólares en África Subsahariana para grandes sistemas de agua potable y la gestión administrativa y de políticas del sector hídrico.
Un marco mundial para la gestión de los recursos hídricos muestra un historial de implementación poco eficaz
La gestión integrada de recursos hídricos es un marco mundial que abarca las políticas, instituciones, instrumentos de gestión y el financiamiento para una gestión integral y colaborativa de los recursos hídricos. De los 172 países que presentaron informes en 2018, el 60% declaró niveles de implementación muy bajos, bajos o medio-bajos. Es poco probable que estos países cumplan la meta de implementar una gestión integrada de los recursos hídricos para el año 2030. En el año 2018, el índice medio a nivel mundial de la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos fue de 49% sobre 100%. La implementación es particularmente lenta (muy baja a medio-baja) en alrededor del 90% de los países de América Latina y el Caribe, Asia Central y Meridional y Oceanía (excluidos de Australia y Nueva Zelandia), y entre el 50% y el 70% de los países del África Subsahariana, Asia Oriental y Sudoriental y África Septentrional y Asia Occidental. Es necesario acelerar los progresos en esos países, en particular en el área de recaudación de ingresos para un financiamiento sostenible.
El mundo está avanzando hacia la consecución del Objetivo Nº7 con indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a acelerarse, la eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico.
A pesar de ello, es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros, y a tecnologías para 3000 millones de personas, para expandir el uso de la energía renovable más allá del sector eléctrico e incrementar la electrificación en el África Subsahariana.
El informe de progreso en materia de energía proporciona un registro mundial del progreso relativo al acceso a la energía, la eficiencia energética y la energía renovable, evalúa el progreso conseguido por cada país en estos tres pilares y ofrece una panorámica del camino que nos queda por recorrer para conseguir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
El mundo sigue avanzando hacia las metas de energía sostenible, aunque los esfuerzos no alcanzan la magnitud necesaria para cumplir con el Objetivo Nº7 para el año 2030. Se han logrado algunos progresos en la mejora de la eficiencia energética y la ampliación del acceso a la energía eléctrica. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo todavía carecen de este servicio básico y los progresos en materia de combustibles y tecnologías no contaminantes para cocinar se han estancado, lo que afecta la salud de miles de millones de mujeres y niños.
La pandemia del COVID-19 ha destacado la necesidad urgente de contar con energía asequible y fiable para que los hospitales y los centros de salud traten a los pacientes, las comunidades puedan bombear agua potable y tengan acceso a información vital, y para que los niños que no asisten a las escuelas puedan aprender a distancia. Al mismo tiempo, la crisis seguramente obstaculizará los esfuerzos para lograr el Objetivo 7. Las interrupciones en las cadenas de suministros pueden causar estragos en los servicios de energía eléctrica y la disminución de ingresos podría limitar la capacidad de las personas para pagarlos. Además, es probable que la caída de los precios del petróleo desaliente el aumento del uso de energías renovables.
Los déficits de energía eléctrica se concentran cada vez más en África Subsahariana
La proporción de la población mundial con acceso a la energía eléctrica aumentó del 83% en el año 2010 al 90% en el año 2018, lo que significa que más de mil millones de personas adquirieron este servicio esencial. Sin embargo, 789 millones de personas (85% en zonas rurales) carecían de energía eléctrica en el año 2018. América Latina y el Caribe, y Asia Oriental y Sudoriental mantuvieron un firme progreso, y para el año 2018, superaron el 98% de acceso a este servicio. El déficit se concentra cada vez más en África Subsahariana y afecta a unos 548 millones de personas, es decir, al 53% de la población.
La pandemia del COVID-19 destaca la necesidad de una energía eléctrica fiable y asequible. Una encuesta realizada en 2018 en seis países de África y Asia mostró que una cuarta parte de los centros de salud encuestados no contaba con energía eléctrica y que otra cuarta parte sufría interrupciones no programadas, lo que afectaba su capacidad para prestar servicios de salud esenciales. Los daños a equipos causados por las malas conexiones y las fluctuaciones de tensión afectaron al 28% de los centros de salud. Estas deficiencias debilitan aún más la respuesta de los sistemas de salud a la crisis del coronavirus.
Para cumplir la meta de acceso universal a la energía eléctrica para el año 2030, la tasa anual de electrificación tiene que aumentar de los 0,82 puntos porcentuales actuales a 0,87 puntos para el periodo del año 2019 al año 2030. Al ritmo actual de progreso, se prevé que 620 millones de personas seguirán sin acceso a la energía eléctrica en el año 2030. Sin embargo, esta estimación no tiene en cuenta las perturbaciones causadas por el COVID-19.
El lento progreso de soluciones no contaminantes para cocinar pone en riesgo la salud de casi 3000 millones de personas
El acceso a combustibles y tecnologías no contaminantes para cocinar aumentó del 56% de la población mundial en el año 2010, al 60% en el año 2015 y al 63% en el año 2018. Aproximadamente 2.800 millones de personas siguen sin acceso a estas tecnologías, cifra que se ha mantenido prácticamente igual en las dos últimas décadas. En varias regiones de Asia se han logrado mejoras prometedoras. Sin embargo, en África Subsahariana el crecimiento demográfico entre los años 2014 y 2018 superó el crecimiento del acceso a estas tecnologías en un promedio de 18 millones de personas por año. El lento progreso de las soluciones no contaminantes para cocinar es una gran preocupación a nivel mundial, ya que afecta tanto a la salud humana como al medio ambiente. Con las políticas actuales y previstas, 2.300 millones de personas seguirán privadas de acceso a combustibles y tecnologías no contaminantes para cocinar para el año 2030. Esto significa que casi un tercio de la población mundial, en su mayoría mujeres y niños, seguirán estando expuestos a una contaminación perjudicial del aire ambiente en sus hogares.
Es necesario intensificar los esfuerzos en materia de energía renovable para lograr los objetivos climáticos a largo plazo
La proporción de energía renovable en el consumo total de energía final alcanzó el 17,3 % en el año 2017, frente al 17,0% en el año 2015 y al 16,3% en el año 2010. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento del consumo de fuentes renovables modernas, que aumentó del 8,6% en el año 2010 al 10,5% en el año 2017.
El mayor aumento en el uso de las fuentes renovables proviene del sector de energía eléctrica, impulsado por la rápida expansión de la energía solar y eólica. Sin embargo, la proporción de fuentes renovables en los sectores de uso final de la energía, estaba muy por debajo de su potencial. Se necesitará un aumento acelerado de fuentes renovables modernas en todos los sectores para alcanzar la meta de aumentar sustancialmente la proporción de este tipo de energía.
África Subsahariana contaba con la mayor proporción de energía renovable en el consumo total de energía en el año 2017, aunque el 85% se debía a los usos tradicionales de la biomasa. América Latina y el Caribe presentaban la mayor proporción de fuentes renovables modernas de todas las regiones debido a su gran dependencia de la energía hidroeléctrica y a la amplia utilización de la bioenergía moderna en todos los sectores.
Las mejoras en la eficiencia energética (clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) no alcanzan las metas de los ODS
Mejorar la eficiencia energética es crucial para alcanzar el objetivo climático mundial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el año 2017, la intensidad energética primaria a nivel mundial (definida como el suministro total de energía por unidad de PIB) fue de 5,0 Megajulios por dólar, lo que supone una mejora anual del 1,7% con respecto al año 2016; sin embargo, es la menor mejora anual desde el año 2010. No obstante, los progresos del 2,2% anual entre 2010 y 2017 fueron más sostenidos que las tendencias históricas.
La meta de los ODS para el año 2030 exige duplicar la tasa histórica de mejora del 1,3% de intensidad energética del periodo 1990-2010. Las estimaciones preliminares para los años 2018 y 2019 son del 1,3% y del 2% respectivamente. Esto sugiere que la tasa de mejora alcanzaría aproximadamente el 2,1% entre los años 2010 y 2019, quedando así por debajo de la tasa objetivo del 2,6% anual. Para cumplir la meta de los ODS se requerirá una tasa de mejora de al menos un 3% anual desde ahora hasta el año 2030, lo que supone un gran desafío.
El aumento del financiamiento internacional para la energía renovable es alentador, pero sólo una fracción llega a los países más pobres
Las corrientes financieras públicas internacionales hacia los países en desarrollo en apoyo de la energía renovable y no contaminante alcanzaron 21.400 millones de dólares en el año 2017. Esto significa un 13% más que en el año 2016 y el doble que en el año 2010. Las inversiones en proyectos hidroeléctricos representaron el 46% de las corrientes del año 2017, seguidas por las inversiones en energía solar (19%), eólica (7%) y geotérmica (6%). Si bien los procesos son alentadores, sólo el 12% de esas corrientes financieras alcanzaron a los países menos adelantados, que son los que más se han retrasado en la consecución de las metas del Objetivo 7. Es necesaria una dedicación especial para asegurar que el financiamiento llegue a los países más necesitados.
Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida.
El COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una recesión mundial tan mala o peor que la de 2009. A medida que se intensifica la pérdida de empleo, la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial se encuentra en riesgo de perder sus medios de subsistencia.
Incluso antes del brote del COVID-19, era probable que uno de cada cinco países (en donde habitan miles de millones de personas que viven en situación de pobreza) vieran sus ingresos per cápita estancarse o reducirse en 2020. A día de hoy, las perturbaciones económicas y financieras derivadas del COVID-19 (como las alteraciones en la producción industrial, la caída de los precios de los productos básicos, la volatilidad del mercado financiero y el aumento de la inseguridad) están desbaratando el ya de por sí tibio crecimiento económico y empeorando los riesgos acentuados de otros factores.
Después de la crisis económica mundial de 2009, el mundo en general fue testigo del aumento de la productividad laboral y de la mejora de las tasas de desempleo, a pesar de las grandes disparidades entre las regiones. Diez años después, en el año 2019, la economía mundial volvió a desacelerarse, presentando el crecimiento más bajo desde el periodo 2008-2009, incluso antes de la pandemia que ha causado cambios abruptos y profundos. La crisis del coronavirus en el año 2020 está teniendo un efecto adverso en los mercados laborales del mundo, en particular para los trabajadores del sector informal, los trabajadores por cuenta propia, los jornaleros y los trabajadores de los sectores que son más vulnerables a alteraciones. De hecho, podemos esperar el mayor aumento del desempleo en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la crisis plantea una grave amenaza para la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores, y puede aumentar el riesgo al trabajo infantil. Se necesitan medidas de normativas urgentes para apoyar a las empresas, impulsar la demanda de mano de obra y preservar los puestos de trabajo existentes (especialmente para los más vulnerables) para así lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres.
Incluso antes de la pandemia, el crecimiento económico de los países menos adelantados, aunque rápido, no se acercó al 7%
A nivel mundial, la tasa de crecimiento real del PIB per cápita fue del 2% en el año 2018, el mismo nivel que la tasa media de crecimiento anual entre los años 2010 y 2018. El crecimiento sostenido per cápita durante ese periodo se vio impulsado principalmente por los importantes progresos logrados en Asia Oriental y Sudoriental, y en Asia Central y Meridional. En el año 2019, la tasa de crecimiento se redujo al 1,5% y, en el año 2020, la pandemia del coronavirus está empujando al mundo a la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Se espera que el PIB real per cápita disminuya en un 4,2% en el año 2020, antes de aumentar de nuevo en 2021 a una tasa del 3,1%.
La tasa de crecimiento del PIB real de los países menos adelantados (PMA) alcanzó el 4,5% en el año 2018 y el 4,8% en el año 2019. Debido a la pandemia, se prevé que esa tasa disminuya hasta el 0,8% en el año 2020, y se proyecta que aumente de nuevo a una tasa del 4,6% en el año 2021. Esto significa que los PMA no están alcanzando la meta de los ODS de un crecimiento del PIB real de al menos 7% anual.
El aumento constante de la productividad laboral a nivel mundial puede tambalearse ante la crisis del coronavirus
El promedio mundial de productividad por trabajador (una medida de la productividad laboral) ha aumentado de manera sostenida desde el año 2020 y este crecimiento se interrumpió sólo brevemente durante la recesión económica del año 2009. La tasa de crecimiento de la productividad laboral alcanzó el 1,6% en el año 2018 y el 1,4% en el año 2019. Sin embargo, esos niveles variaban considerablemente de una región a otra: en el año 2019, si bien la productividad laboral disminuyó en América Latina y el Caribe, en África Septentrional y Asia Occidental, así como en África Subsahariana, aumentó en todos los demás lugares y fue especialmente rápida en Asia Oriental y Sudoriental, y en Asia Central y Meridional. El crecimiento de la productividad laboral en el año 2020 puede verse afectado negativamente por la reducción de las horas de trabajo y el declive económico a nivel mundial causado por la crisis del coronavirus.
La pandemia tendrá un efecto particularmente adverso para los trabajadores de la economía informal
En el año 2016, un alarmante 61% de los trabajadores de todo el mundo trabajaban en el sector informal. En general, la informalidad tiene un efecto negativo en los ingresos, el tiempo de trabajo, la seguridad y la salud ocupacional, y las condiciones laborales en general. En el año 2016, el empleo informal estaba mucho más extendido en el sector agrícola (94%) que en el sector no agrícola (51%). La dependencia de los trabajadores informales también predomina en ciertas regiones, entre ellas África Subsahariana (89%) y Asia Central y Meridional (86%). Debido al desempleo y subempleo causados por la crisis del coronavirus, unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal (la mitad de la fuerza de trabajo del mundo) pueden verse afectado significativamente. A nivel mundial, se estima que los ingresos de los trabajadores informales han disminuido en un 60% en el primer mes de la crisis, y hasta en un 81% en algunas regiones. Se necesitan urgentemente medidas de normativas importantes para proteger tanto a las empresas (en particular a las más pequeñas) como a los trabajadores de la economía informal, para lograr un trabajo decente para todos para el año 2030.
El desempleo a nivel mundial puede alcanzar un máximo histórico en el año 2020, dependiendo de las políticas que se adopten
En el año 2019, la tasa de desempleo mundial se situó en el 5%. Ese año, el desempleo fue particularmente grave en África Septentrional y Asia Occidental, donde el 11% de la fuerza laboral estaba desempleada, y la tasa de desempleo de las mujeres era nueve puntos porcentuales más alta que la de los hombres. En el año 2019, la tasa de desempleo era también considerablemente más alta entre los trabajadores jóvenes que entre los adultos en todas las regiones. Además, en 40 de los 59 países con datos recientes y comparables, la tasa de desempleo era más alta en el caso de las personas con discapacidades.
Se prevé que la pandemia tenga un efecto devastador en el desempleo en todo el mundo. Según la estimación de la Organización Internacional del Trabajo, las horas de trabajo a nivel mundial podrían disminuir en un 14% en el segundo trimestre del año 2020. Esto equivale a aproximadamente 400 millones de trabajadores a tiempo completo con una semana laboral de 48 horas. El eventual aumento del desempleo a nivel mundial en el año 2020 dependerá de la eficacia de las normativas para preservar los puestos de trabajo existentes e impulsar la demanda de mano de obra cuando se inicie la fase de recuperación.
La seguridad y la salud ocupacional se convierten en un desafío aún mayor a medida que reabren los lugares de trabajo
En la era del COVID-19, la seguridad y la salud ocupacional, un aspecto fundamental del trabajo decente, son más importantes que nunca. Los trabajadores tienen derecho a sentirse seguros en sus lugares de trabajo, pero muchos están expuestos a riesgos excesivos. En 9 de los 71 países con datos disponibles desde el año 2010, se informaron más de 10 muertes relacionadas con el trabajo por cada 100.00 trabajadores. Estos datos también mostraron que los migrantes están expuestos a más riesgos y peligros en el trabajo que los trabajadores no migrantes.
La aplicación de medidas adecuadas en materia de salud y seguridad y la promoción de entornos laborales propicios son cruciales para proteger a los trabajadores. Esto es pertinente sobre todo para los trabajadores de la salud y los que prestan servicios esenciales durante la pandemia. Además, las normativas deben garantizar que se tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores y a los consumidores, cuando se reabran los lugares de trabajo.
El turismo se enfrenta a desafíos sin precedentes y muchos pequeños estados insulares en desarrollo se enfrentan a nuevas y duras realidades económicas
Durante el periodo 2008-2018, la contribución del turismo al PIB total aumentó en 43 de los 70 países que presentaron datos. Esto destaca la creciente importancia del turismo en la economía mundial y su potencial para contribuir a un crecimiento económico constante, inclusivo y sostenible. El turismo es uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia del COVID-19 debido al cierre de fronteras, las prohibiciones de viaje y las medidas de confinamiento. Dependiendo de cuándo se levanten las restricciones de viaje y se reabran las fronteras nacionales, los arribos de viaje internacionales en el año 2020 pueden disminuir entre un 60% y un 80% en comparación con el año 2019. Los países con el mayor número de casos de COVID-19 informados representan alrededor del 55% del gasto mundial en turismo entrante y el 68% del gasto mundial en turismo saliente. Los efectos de la crisis en esas economías se extenderán a otros países, en particular a los pequeños estados y territorios insulares en desarrollo que dependen en gran medida del turismo internacional procedente de los mercados de origen afectados.
La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científica.
Más de 4.000 millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90% proviene del mundo en desarrollo. Reducir esta brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento, y promover la innovación y el emprendimiento.
La promoción de industrias inclusivas y sostenibles y la continuación de las inversiones en infraestructura física, innovación e investigación son vitales para el desarrollo económico a largo plazo. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en todo el mundo ha aumentado, así como el financiamiento de la infraestructura económica en los países en desarrollo. Por otra parte, la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo ha disminuido y se han logrado progresos impresionantes en la conectividad móvil. Sin embargo, el crecimiento de la manufactura se ha desacelerado y la industrialización en los países menos adelantados (PMA) todavía es demasiado lenta. La pandemia ha asestado un duro golpe a las industrias manufactureras y de transporte, causando interrupciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos, así como pérdidas de puestos de trabajo y disminución de las horas de trabajo en esos sectores. En los países en desarrollo, los empleos en el sector manufacturero son una fuente esencial de ingresos y son fundamentales para la disminución de la pobreza. Los efectos del COVID-19 han sido tan desestabilizadores que amenazan con detener o incluso revertir el progreso del ODS 9 y otros objetivos.
La industria de la aviación, impulsora del desarrollo económico, ha sufrido probablemente el declive más pronunciado en su historia
El transporte aéreo es un impulsor del desarrollo económico. Se estimó que el efecto económico mundial directo e indirecto del transporte aéreo en el año 2016 fue de 2,7 billones de dólares, lo que equivale al 3,6% del PIB mundial. El brote del COVID-19 ha golpeado duramente a la industria de la aviación. Para abril del año 2020, las estrictas restricciones de viaje impuestas por los gobiernos y las preocupaciones de los viajeros llevaron a la paralización de alrededor del 90% de las flotas, con lo que la demanda de viajes se redujo casi a cero. En los primeros cinco meses del año 2020, la cifra de pasajeros disminuyó en un 51,1% en comparación con el mismo periodo del año 2019. Según las estimaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional del 5 de junio del año 2020 la pandemia podría causar una disminución general de 2.290 millones a 3060 millones de pasajeros en el año 2020, lo que generaría pérdidas de entre 302.000 y 400.000 millones de dólares en ingresos brutos operativos de las compañías aéreas, en comparación con las operaciones habituales. La recuperación segura y sostenible de la industria de la aviación, que también acelerará la recuperación de otros sectores como el turismo y el comercio, requerirá un esfuerzo coordinado a nivel mundial.
Como resultado de la pandemia, el ya lento crecimiento de la industria manufacturera se ha desplomado
En el año 2018, el crecimiento de la industria manufacturera se desaceleró en todo el mundo y continuó disminuyendo en el año 2019 debido a los aranceles y a las tensiones comerciales entre las economías más dominantes del mundo. La desaceleración afectó a todas las regiones y grupos de países. En los PMA, la proporción de la manufactura en el PIB aumentó del 10% en el año 2010 al 12,4% en el año 2019. Sin embargo, la tasa de crecimiento fue demasiado lenta para alcanzar la meta de duplicar la participación de la industria en el PIB para el año 2030. Además, el valor añadido de la industria manufacturera per cápita en los PMA alcanzó solo 132 dólares en el año 2019, muy por debajo de Europa y América del Norte, donde fue de 4.856 dólares.
El crecimiento de la producción manufacturera en el mundo experimentó una caída del 6% en el primer trimestre del año 2020 por las medidas de confinamiento económico. China, el mayor fabricante del mundo, fue golpeada por el COVID-19 en el primer trimestre, registrando una caída sin precedentes del 14,1% en la producción manufacturera. Dado que se piensa que la manufactura es un impulsor del crecimiento económico general, la caída de la producción en todo el mundo ha tenido graves repercusiones en la economía mundial.
Las industrias a pequeña escala necesitan urgentemente un mejor acceso a los servicios financieros a fin de resucitar la economía mundial
Los emprendimientos industriales a pequeña escala son importantes fuentes de empleo en las economías en desarrollo y emergentes. Son esenciales para la generación de ingresos y el alivio de la pobreza y tendrán un papel crucial en la recuperación de la economía mundial después del COVID-19. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño y recursos limitados, son vulnerables. No tienen la capacidad de hacer frente a crisis inesperadas como la actual, sin la ayuda de los gobiernos.
El acceso al crédito es particularmente importante para que las empresas pequeñas puedan aumentar su competitividad y para permitirles integrarse a las cadenas de valor locales y mundiales. En los países en desarrollo, el 34,7% de las industrias a pequeña escala (manufactura y servicios) se benefician de préstamos o líneas de crédito. Sin embargo, según datos recientes, sólo el 22,9% de las industrias a pequeña escala del África Subsahariana recibieron préstamos o líneas de crédito, en comparación con casi la mitad en América Latina y el Caribe. El estímulo fiscal y el acceso al apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas son esenciales para que puedan sobrevivir y prosperar durante y después de la crisis.
A pesar del progreso en los últimos años, deben acelerarse las inversiones en investigación y desarrollo, en parte, para hacer frente al COVID-19
A nivel mundial, la investigación y el desarrollo han crecido continuamente a un ritmo acelerado, alcanzando los 2,2 billones de dólares (paridad de poder adquisitivo) en el año 2017, lo que significa un aumento frente a 1,4 billones de dólares del año 2010 y 741.000 millones en el año 2000. Mientras que Europa y América del Norte están a la vanguardia en investigación y desarrollo y representaban el 47,6 % de las inversiones mundiales en el año 2017, Asia Oriental y Sudoriental se están acercando rápidamente al aumentar su participación en inversiones de I+D del 22,6% en el año 2000 al 40,4% en el año 2017. En términos relativos, la proporción del PIB mundial invertida en I+D aumentó del 1,62% en el año 2010 al 1,72% en el año 2017. Sin embargo, las disparidades regionales son extremas y varían del 2,25% en Europa y América del Norte al 0,38% en el África Subsahariana. En el caso de los PMA y los países en desarrollo sin litoral, la proporción fue de alrededor del 0,20%.
La importancia de aumentar la inversión en I+D, quizás a un ritmo más rápido, ha quedado en evidencia por el COVID-19. Se necesitan más inversiones en la industria farmacéutica y en tecnologías emergentes, tales como la inteligencia artificial, que pueden ayudar a desarrollar medicamentos y vacunas, así como a gestionar los servicios y recursos vinculados.
Las conexiones móviles son prácticamente universales, pero alrededor de la mitad de la población mundial no está conectada, sobre todo en los PMA
Debido a que el COVID-19 obliga a muchos a trabajar, aprender, buscar atención médica y a socializar desde sus hogares, las tecnologías digitales y la conectividad a Internet nunca han sido más importantes en nuestra vida cotidiana. Para acceder a Internet, las conexiones móviles ofrecen flexibilidad sobre todo en aquellos lugares en los que no se dispone de un servicio de banda ancha fija o donde no es asequible. La cobertura del acceso móvil se ha ampliado rápidamente. En el año 2019, la mayor parte de la población mundial (97%) vivía al alcance de una señal celular móvil y el 93% vivía al alcance de una señal de banda ancha móvil. En los países menos adelantados, se ha registrado un aumento considerable de la cobertura de las señales de banda ancha móvil, que ha pasado del 51% en el año 2015 al 79% en el año 2019. Sin embargo, sólo un poco más del 54% de la población mundial utiliza realmente Internet. La mayor parte de la población no conectada vive en los PMA, donde solamente el 19% utiliza Internet, en comparación con el 87% en los países desarrollados. Las razones principales de esta gran brecha son el costo de la utilización de Internet y la falta de conocimientos necesarios.
Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de preocupación. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa.
El COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y a las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia.
En el frente económico, la pandemia del COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores.
El COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos del COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo.
Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños, se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. Además, el discurso de odio dirigido a los grupos vulnerables está en aumento.
A pesar de algunos indicios positivos, como una menor desigualdad de ingresos en algunos países y la condición de comercio preferencial para los países de ingresos más bajos, la desigualdad en sus diversas formas persiste. La crisis del COVID-19 contribuye a la desigualdad. Afecta más a las personas más vulnerables y estos mismos grupos son los que experimentan una mayor discriminación. Es probable que los países más pobres sufran los efectos más generalizados de la pandemia. Si una recesión mundial causa una reducción de las corrientes de recursos para el desarrollo, este efecto será aún más grave.
Aunque los ingresos reales de los más pobres en los países están aumentando, los ricos continúan prosperando de manera desproporcionada
No dejar a nadie atrás significa que los que tienen ingresos más bajos puedan beneficiarse y participar en el crecimiento económico amplio de un país. El progreso de la prosperidad compartida puede medirse mediante el crecimiento de los ingresos (o del consumo) de los hogares del 40% más pobre de la población de un país. Durante el periodo 2012 a 2017, en 73 de los 90 países con datos comparables se experimentó un crecimiento de los ingresos reales. Además, en más de la mitad de esos países (49), el 40% más pobre experimentó un crecimiento de los ingresos superior al nacional general, lo que indica niveles de desigualdad más bajo. No obstante, en todos los países sobre los que se dispone de datos, el 40% más pobre de la población recibió menos del 25% de los ingresos totales, mientras que el 10% más rico recibió por lo menos el 20% de los ingresos totales.
El progreso en la prosperidad compartida ha sido mayor en Asia Oriental y Sudoriental, donde el 40% más pobre de la población presentó un crecimiento promedio del 4,9% anual. El crecimiento en los países de África Subsahariana ha sido más limitado, aunque se dificulta la comparación debido a la escasez de datos (disponibles para 15 países solamente). La necesidad de mejorar la recopilación de datos es particularmente importante en este momento, de manera que los países puedan identificar si los más pobres se ven afectados de manera desproporcionada por los efectos económicos del COVID-19 y puedan tomar las medidas pertinentes.
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a diversas formas de discriminación, que se entrecruzan entre si
Casi dos de cada diez personas informaron que habían experimentado la discriminación a nivel personal por al menos uno de los motivos establecidos en las normas internacionales de derechos humanos, según los datos de 31 países durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019. Además, las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas de la discriminación que los hombres. Entre los discapacitados, 3 de cada 10 personas experimentaron personalmente la discriminación y los niveles más altos todavía se registran entre las mujeres con discapacidades. Los principales motivos de discriminación mencionados por estas mujeres no eran la discapacidad en sí misma, sino la religión, la etnia y el sexo, lo que indica la necesidad urgente de adoptar medidas para hacer frente a las diversas formas de discriminación interrelacionadas. La pandemia del COVID-19 puede arraigar aún más las modalidades existentes de discriminación y estigmatización, ya que en muchos países están surgiendo informes de discriminación contra diferentes grupos.
Los trabajadores reciben una proporción menor de la producción que ayudaron a producir
Se estima que en el año 2017 los ingresos laborales de los trabajadores en el mundo representaron el 51% del PIB mundial. La proporción del PIB correspondiente a la mano de obra tiene en cuenta los ingresos laborales tanto de los empleados como de los trabajadores por cuenta propia y es un indicador de si el ingreso nacional más alto generará un mejor nivel de vida material para los trabajadores. La proporción de los ingresos laborales a nivel mundial ha mostrado una reducción progresiva desde el año 2004 en que se situó en el 54%, lo que implica que los trabajadores reciben una proporción menor de la producción que ayudaron a producir.
La proporción de los ingresos laborales varía considerablemente de una región a otra. En 2017, los ingresos laborables de los trabajadores de África Septentrional y Asia Occidental representaron poco más de un tercio de la producción de la región (36%). En el otro extremo del espectro, la proporción de ingresos laborales se aproximaba al 58% en Europa y América del Norte.
La desigualdad de ingresos está disminuyendo en algunos países, pero los niveles siguen siendo generalmente altos
El coeficiente de Gini es una de las medidas más utilizadas para la desigualdad de ingresos. Oscila entre 0 y 100, donde 0 indica que los ingresos están distribuidos de manera equitativa entre todas las personas y 100 indica una situación extrema en la que una persona representa todos los ingresos. Entre los 84 países con datos disponibles, el coeficiente de Gini del ingreso disponible (o gasto de consumo) disminuyó por lo menos en un punto porcentual en 38 países entre los años 2010 y 2017, lo que significa que estos países vieron una reducción de la desigualdad. Sin embargo, la desigualdad de ingresos aumentó durante el mismo periodo en 25 de los países de los que se disponen de datos.
A pesar de la disminución de la desigualdad en la gran mayoría de los países con un valor del coeficiente de Gini superior a 40 en el año 2010, los niveles de desigualdad de los ingresos permanecen elevados en muchos países. De los 166 países con datos disponibles, 65 todavía presentaban un valor del coeficiente de Gini superior a 40 en sus valores más recientes y 17 presentaban un valor del coeficiente superior a 50. Los niveles más bajos de desigualdad de ingresos se observaron en Eslovenia y la República Checa, con valores del coeficiente de Gini inferiores a 25.
La recesión mundial podría restringir la ayuda de los donantes a los países en desarrollo
En el año 2018, la corriente total de recursos para el desarrollo de los países en desarrollo procedentes de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los organismos multilaterales y otros proveedores clave ascendió a un total de 271.000 millones de dólares a precios actuales, en comparación con 420.000 millones de dólares del año anterior y 314.000 millones de dólares en el año 2015. La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) representó el 61% (166.000 millones de dólares) del total. La región que recibió la mayor parte de las corrientes totales de recursos fue América Latina y el Caribe (59.000 millones de dólares), aunque esa cifra fue considerablemente inferior a la del año 2015 (97.000 millones de dólares). Las corrientes para Asia Oriental y Sudoriental aumentaron ligeramente en términos nominales, de 50.000 millones de dólares en el año 2015 a 56.000 millones de dólares en el año 2018.
De cara al futuro, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyectó una disminución del PIB mundial de hasta el 7,6% en el año 2020 si se produjera una segunda oleada de infecciones por COVID-19, lo que podría ejercer presión sobre los presupuestos de la AOD por parte de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo. Las corrientes de recursos para el desarrollo se redujeron como consecuencia de la crisis económica y financiera del año 2008 y la recesión mundial podría volver a ejercer presión sobre los recursos para el desarrollo.
La mayoría de las regiones tienen un largo camino por recorrer para establecer políticas migratorias adecuadas
De acuerdo con los datos disponibles de 111 países en septiembre del año 2019, el 54% de los países de todo el mundo cuentan con un conjunto integral de normativas para facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas. Esto significa que, según sus informes, contaban con normativas para al menos el 80% de las subcategorías que constituyen los seis ámbitos normativos de este indicador. Asia Central y Meridional (80%) y América Latina y el Caribe (79%) tienen la mayor proporción de países con un conjunto integral de normativas, en comparación con sólo el 33% de los países de Oceanía, África Septentrional y Asia Occidental.
En los seis ámbitos, las normativas para promover la cooperación y las alianzas, y para facilitar la migración segura, ordenada y regular, son las más extendidas, ya que más de las tres cuartas partes de los gobiernos informan que cumplen o cumplen plenamente con los criterios. Los derechos de los migrantes y su bienestar socioeconómico son los que presentan las proporciones más bajas de los gobiernos que informan sobre una amplia gama de normativas, con un 55% y un 59%, respectivamente.
El mundo cada vez está más urbanizado. Desde el año 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para el año 2030.
Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico ya que contribuyen al 60% aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos.
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.
El impacto del COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para los 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el distanciamiento social y el autoaislamiento.
El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que el hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres y vulnerables tengan acceso a alimentos.
Más del 90% de los casos de COVID-19 se presentan en zonas urbanas. La pandemia afecta con mayor fuerza a los más vulnerables, entre ellos los mil millones de habitantes de los asientos informales y barrios marginales densamente poblados de todo el mundo. Incluso antes del nuevo coronavirus, la rápida urbanización significaba que 4.000 millones de personas de ciudades en todo el mundo se enfrentaban a una contaminación del aire cada vez peor, a infraestructura y servicios inadecuados, y a un crecimiento urbano incontrolado. En este momento son especialmente importantes el transporte público seguro, los servicios básicos fiables y los espacios públicos abiertos para garantizar la salud y los medios de vida de los habitantes de las ciudades. Los ejemplos exitosos de contención del COVID-19 demuestran la notable resiliencia y adaptabilidad de las comunidades urbanas para ajustarse a las nuevas normas. Las ciudades superaran la pandemia, pero su preparación para la próxima crisis dependerá de la medida en que fomenten un desarrollo urbano inclusivo y sostenible basado en datos.
El progreso mundial alcanzado en la disminución de la proporción de habitantes en barrios marginales se ha revertido y la pandemia aumenta su vulnerabilidad
Los efectos del COVID-19 están exacerbando la vulnerabilidad de los habitantes de los barrios marginales y de asentamientos informales. Muchos de esos habitantes urbanos ya tienen que vivir en viviendas inadecuadas con un acceso limitado o nulo a la infraestructura y los servicios básicos, entre ellos el agua, el saneamiento y la gestión de desechos. El hacinamiento en el transporte público y los limitados centros de atención de la salud han tenido un efecto catastrófico en estas comunidades, convirtiéndolas en epicentros dentro de epicentros. Muchos habitantes de las ciudades de los países en desarrollo trabajan en el sector informal y corren un grave riesgo de perder sus medios de vida durante el confinamiento en las ciudades.
Los esfuerzos concentrados de gobiernos nacionales, autoridades municipales y otras partes interesadas dieron lugar a una importante disminución de la proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, la que disminuyó del 28% en el año 2000 al 23% en el año 2014. De manera alarmante, esta tendencia se ha revertido a medida que la rápida urbanización supera el desarrollo de viviendas, la infraestructura y los servicios. La proporción de la población urbana que vive en barrios marginales aumentó al 24% en el año 2018 (más de mil millones de personas) debido al crecimiento en África Septentrional, Asia Occidental y África Subsahariana.
Se necesita más transporte público en las ciudades del mundo
El transporte público fiable, accesible y asequible reduce la contaminación y el tráfico, y promueve la productividad y la inclusión. Según los datos del año 2019 de 610 ciudades en 95 países, sólo la mitad de la población urbana del mundo tiene un acceso conveniente al transporte público. El acceso se mide como la proporción de la población que se encuentra a menos de 500 metros de distancia a pie de los sistemas de transporte de baja capacidad (autobuses y tranvías) y a mil metros de distancia de los sistemas de alta capacidad (trenes, metros y transbordadores). Además, muchas ciudades tienen una alta prevalencia de sistemas de transporte informales, que suelen ser deficientes en cuanto a la regularidad y la seguridad. El enfoque en inversiones a corto plazo en la infraestructura de transporte público por carretera puede traducirse en un mayor acceso a los sistemas de transporte público de baja capacidad. Mientras la pandemia esté en curso, las ciudades podrían tener que incorporar medidas de seguridad adicionales para mitigar el elevado riesgo de transmisión del coronavirus en los transportes públicos con aglomeración de personas. Los datos a nivel mundial ilustran la necesidad de mejorar el acceso a sistemas de transporte público que estén integrados con senderos para peatones y bicicletas, mediante planes de movilidad a largo plazo e inversiones específicas.
Más allá de la devastación, la pandemia ha provocado un replanteamiento positivo de nuestras ciudades
La forma en que planificamos y desarrollamos nuestras zonas urbanas, incluimos infraestructura y servicios, mitigamos los riesgos y respondemos a las necesidades de las poblaciones en crecimiento, determina la prosperidad a largo plazo de las ciudades y sus habitantes. Según los datos de una muestra mundial representativa de 755 ciudades en 95 países del año 2019, en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2015 la mayoría de las zonas urbanas registraron un aumento general de la superficie construida por personas, es decir, que la expansión física de las ciudades fue más rápida que sus tasas de crecimiento demográfico. En algunas ciudades, esta rápida expansión refleja un crecimiento urbano incontrolado, lo que genera que la prestación de servicios sea más costosa e ineficiente. En promedio, todas las regiones excepto África Subsahariana y Asia Oriental y Sudoriental registraron un aumento constante de la superficie construida per cápita.
La pandemia ha dejado claro que la planificación urbana es crucial para mejorar la salud pública y para mitigar la vulnerabilidad de las personas a otros peligros, como los desastres naturales. En mayo del año 2020, 154 países tenían algún tipo de plan urbano nacional. Muchos gobiernos nacionales y municipales están revisando ahora esos planes para ayudar a prevenir la próxima pandemia.
Los espacios públicos abiertos en las ciudades del mundo promueven la salud y la productividad, pero el acceso es muchas veces limitado
Con las ciudades en confinamiento, los espacios públicos abiertos son cada vez más requeridos. Al igual que con el transporte público, el acceso equitativo a los espacios públicos y abiertos contribuye a mejorar la productividad y la salud. En particular los espacios abiertos como las ferias comerciales son fundamentales para la economía informal, de la que muchas personas dependen para su subsistencia.
Según los datos del año 2019, de 610 ciudades en 95 países, la proporción de zonas asignadas a calles y espacios abiertos sólo alcanzó un promedio del 16% a nivel mundial. De esta proporción combinada, las calles representaban aproximadamente tres veces más terreno urbano que los espacios públicos abiertos, como parques y riberas de ríos. En cuanto al acceso, la proporción de la población que puede acceder a los espacios públicos abiertos (a menos de 400 metros de distancia a pie a lo largo de una red de calles) alcanzó un promedio del 46,7%. Se observan grandes disparidades en el acceso entre las regiones, que van desde el 26,8% en Asia Oriental y Sudoriental, al 78% en Australia y Nueva Zelandia. Dentro de los países, las ciudades más pequeñas registraron sistemáticamente niveles de acceso más altos que las grandes ciudades.
Los cielos despejados sobre algunas de las ciudades más contaminadas del mundo ofrecen una muestra de lo que podría ser
En el año 2016, nueve de cada diez personas que vivían en las zonas urbanas del mundo respiraban aire que no cumplía con el valor de las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud para las partículas en suspenso (PM 2,5). En ese mismo año, más de la mitad de la población mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2,5 veces superiores a dicho valor. Entre los años 2010 y 2016 la mitad de la población mundial también experimentó un aumento de partículas en suspensión y una calidad del aire peor.
A nivel mundial, se estima que la contaminación del aire en el medio ambiente ha causado 4,2 millones de muertes prematuras en el año 2016.
En algunas ciudades, el confinamiento en respuesta al COVID-19 ha reducido significativamente ciertos contaminantes en el aire debido al cierre de fábricas y la reducción de la cantidad de vehículos en las calles. Sin embargo, es probable que esta mejora sea sólo un alivio temporal de una situación insalubre a largo plazo. Una vez que se levante el confinamiento, la contaminación del aire volverá a los niveles prepandémicos, como ya ha quedado demostrado en algunos países. También es posible que estos niveles empeoren debido a la relajación o el levantamiento de leyes y normas ambientales durante la pandemia o durante la fase pospandémica para estimular el crecimiento económico. Juntos, las Naciones Unidas y los gobiernos tienen que desempeñar un papel importante para garantizar que eso no suceda.
El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta.
El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro (y ciertamente, nuestra supervivencia).
Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 1300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de dólares) acaba pudriéndose en los recipientes de basura de los consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes.
Si todo el mundo cambiase sus lamparitas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían 120.000 millones de dólares estadounidenses al año.
En caso de que la población mundial alcance los 9600 millones de personas en el año 2050, se podría necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales.
La pandemia del COVID-19 ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestros patrones de consumo y producción hacia un futuro más sostenible.
El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles.
El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono.
El consumo y la producción impulsan la economía mundial, pero también causan estragos en la salud del planeta por el uso insostenible de los recursos naturales. La huella material a nivel mundial aumenta más rápidamente que el crecimiento de la población y la producción económica. En algunos países, las mejoras en la eficiencia de los recursos se ven contrarrestadas por el aumento de la intensidad en el consumo de los materiales. Los subsidios a los combustibles fósiles continúan siendo un problema grave. Se pierde una proporción inaceptablemente alta de alimentos a lo largo de la cadena de suministro y los desechos aumentan cada vez más, incluidos los desechos médicos adicionales que se generan durante la pandemia.
La pandemia ofrece la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestras modalidades de consumo y producción hacia un rumbo más sostenible. Una transición exitosa se traducirá en mejoras en la eficiencia de los recursos, la consideración de todo el ciclo de vida de las actividades económicas y la participación activa en los acuerdos ambientales multilaterales.
El mundo continúa utilizando los recursos naturales de manera insostenible
En las dos últimas décadas, el mundo ha aumentado de manera continua su dependencia en los recursos naturales. Una medida de esta dependencia es la huella material: la cantidad de materia prima necesaria para satisfacer las necesidades básicas de alimento, vestimenta, agua, refugio, infraestructura y otros aspectos de la vida. Es un indicador de la presión que se ejerce sobre el medio ambiente para apoyar el crecimiento económico y satisfacer las necesidades materiales de las personas.
La huella material mundial aumentó de 73.200 millones de toneladas métricas en el año 2010 a 85.900 millones de toneladas métricas en el año 2017, lo que representa un aumento del 17,4%. La huella aumentó para todos los tipos de materiales, pero particularmente para los minerales no metálicos (que representaban casi la mitad de la huella a nivel mundial), lo que indica un crecimiento en el ámbito de la infraestructura y la construcción. En el año 2015, la huella material per cápita en los países de altos ingresos era más de 10 veces mayor que la de los países de bajos ingresos. Es necesario adoptar medidas urgentes para disminuir nuestra dependencia de la materia prima, así como aumentar el reciclaje y los enfoques de “economía circular” para aliviar la presión y los efectos sobre el medio ambiente.
El aumento de la generación de residuos electrónicos supera con creces su tasa de reciclaje
La eliminación de equipo electrónico y eléctrico se ha convertido en desechos de rápido crecimiento debido al aumento del consumo, los cortos ciclos de vida de los productos y las limitadas reparaciones. Estos desechos electrónicos contienen materiales valiosos pero peligrosos. Entre los años 2010 y 2019, estos desechos generados en todo el mundo pasaron de 5,3 a 7,3 kilogramos per cápita al año. Entretanto, el reciclado seguro y ambientalmente racional de los desechos creció a un ritmo más lento, de 0,8 a 1,3 kilogramos per cápita al año.
En las regiones de altos ingresos existe una infraestructura de gestión de desechos electrónicos. Sin embargo, las tasas de recuperación promedio son sustancialmente inferiores al 50%. Los materiales de desechos electrónicos se clasifican muchas veces como bienes reutilizables y también suelen exportarse a países de ingresos medios y bajos. Sin embargo, en muchos de estos países todavía no se ha desarrollado la infraestructura o es inadecuada para gestionar los desechos electrónicos que se generan a nivel local ni los que son importados de manera ilegal. La mayor parte de los desechos son gestionados por el sector informal mediante la incineración a cielo abierto o baños ácidos, lo que contamina el medio ambiente y provoca la pérdida de recursos valiosos y escasos. Además, los trabajadores y sus hijos, que viven, trabajan y juegan en estos lugares, muchas veces sufren graves efectos a la salud.
Se pierde una parte importante de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro, antes de llegar al consumidor
La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos puede contribuir a la sostenibilidad ambiental al disminuir los costos de producción y aumentar la eficiencia de los sistemas alimentarios. Al mismo tiempo, puede mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Aunque todavía no es posible estimar el porcentaje de desperdicio de alimentos en la etapa de venta al por menor y del consumo, el porcentaje de alimentos que se pierde después de la cosecha y durante el transporte, almacenamiento y procesamiento se sitúa en el 13,8% a nivel mundial, y asciende a más de 400.000 millones de dólares al año.
Las estimaciones regionales sugieren que el nivel más alto de pérdida de alimentos ocurre en Asia Central y Meridional (20,7%), seguida de Europa y América del Norte (15,7%). Australia y Nueva Zelandia registran las menores pérdidas de alimentos, con un 5,8%. Es necesario que los países implementen intervenciones específicas en las etapas críticas de la cadena de valor para reducir la pérdida y el desperdicio innecesario de alimentos.
A pesar de la creciente urgencia de la crisis climática, los gobiernos continúan subvencionando la industria de los combustibles fósiles
Los subsidios a los combustibles fósiles generan un daño irreparable al incentivar actividades que producen grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las consecuencias adversas se incluyen la contaminación del aire y el calentamiento global. Basado en la relación entre la contaminación del aire, las enfermedades respiratorias y la gravedad de las infecciones del COVID-19, los subsidios a los combustibles fósiles también pueden estar contribuyendo a las tasas de mortalidad del COVID-19. Los subsidios a los combustibles fósiles en todo el mundo aumentaron a más de 400.000 millones de dólares en el año 2018, acercándose a los niveles del año 2014, pero se redujeron en alrededor del 27% en el año 2019 debido principalmente a la baja de los precios de los combustibles.
Es probable que las subvenciones para el combustible, el gas y la energía eléctrica de origen fósil sigan disminuyendo en el año 2020 debido a la escasa demanda. Sin embargo, la continua prevalencia de estos subsidios es contraproducente para el objetivo mundial de iniciar el descenso de las emisiones de los gases de efecto invernadero lo antes posible. En particular, en un momento en que muchos gobiernos necesitan recursos para financiar medidas de asistencia y recuperación del COVID-19 a gran escala, la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles podría ser un instrumento valioso dentro del conjunto de normativas para la reasignación de los escasos recursos públicos.
Los países deben implementar los principios del crecimiento económico sostenible de inmediato
Los avances en el consumo y la producción sostenibles estimulan progreso de todos los ODS, entre los años 2017 y 2019, 79 países de la Unión Europea informaron sobre al menos un instrumento de normativa nacional que contribuyó a la aplicación del Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. De los instrumentos normativos comunicados, el 70% se considera pertinente para los ODS con objetivos económicos sólidos (como los ODS N°8 y N°9). Paradójicamente, los instrumentos económicos y financieros representan sólo el 10% de todas las políticas comunicadas en el año 2019, lo que refleja una implementación limitada de la visión descrita en el Marco Decenal. De todas las políticas que incluyen metas cuantificadas, el 40% está dirigido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El compromiso de los países de aunar esfuerzos para crear una economía sostenible y eficiente en el uso de los recursos es evidente, incluso mediante la cooperación multilateral para acelerar el cambio de comportamientos en las corrientes comerciales y las cadenas de valor, la armonización de normativas nacionales ambiciosas y la generación futura de beneficios para todos. La información científica sobre el consumo y la producción sostenibles, así como los datos sobre las repercusiones de las normativas, son fundamentales para garantizar la eficacia de las medidas.
Las empresas deben abordar las deficiencias en la calidad de los informes sobre la sostenibilidad
Un número cada vez mayor de empresas ha presentado informes sobre sostenibilidad para demostrar su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se han creado varias iniciativas para elaborar un conjunto acordado y armonizado de indicadores para la presentación de informes de sostenibilidad que sean sistemáticos y comparables. Desde el año 2017, la calidad general de los informes de sostenibilidad ha mejorado en todo el mundo. La proporción de informes en las dimensiones ambiental, social e institucional y gubernamental que se ajusta a los requisitos mínimos descritos en el indicador 12.6.1 de los ODS (el número de empresas que publican informes de sostenibilidad) casi se ha duplicado. Sin embargo, en muchos de los informes de las empresas apenas se mencionan ciertos aspectos críticos de los ámbitos ambiental, social y gubernamental. Entre estos se encuentran el uso del agua, los desechos y las emisiones, la igualdad de género, la capacitación contra la corrupción y los gastos en salud y seguridad laborales. También se observaron grandes disparidades entre países y regiones. En Asia Oriental, América Latina y el Caribe, Europa y América del Norte, las empresas presentaron un mayor nivel de datos de referencia que cumplieran con los requisitos mínimos. En otras regiones, especialmente en África, Asia Central y Oceanía, se observaron grandes vacíos en la presentación de informes.
El año 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás.
Los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019.
El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.
A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero van a descender a aproximadamente un 6% en el año 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, esta mejora es sólo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores.
Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.
El Acuerdo de París, aprobado en el año 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado.
La crisis climática continúa mientras que la comunidad mundial rehúye el compromiso pleno que es necesario para revertirla. El año 2019 fue el segundo más cálido registrado y el final de la década más cálida (2010 - 2019), generando incendios forestales masivos, huracanes, sequías, inundaciones y otros desastres climáticos en todos los continentes. Las temperaturas a nivel mundial están en curso de aumentar hasta 3,2°C para finales de siglo. Para cumplir con la meta de una temperatura máxima de 1.5°C (o a lo sumo 2°C) prevista en el Acuerdo de París, las emisiones de gases de efecto invernadero deben comenzar a disminuir en un 7,6% cada año a partir del año 2020. Sin embargo, a pesar de la drástica reducción de la actividad humana debida a la crisis del COVID-19, la disminución resultante del 6% de las emisiones proyectada para el año 2020 no alcanza esta meta y se prevé que las emisiones aumenten a medida que se levanten las restricciones.
Si el mundo no actúa de manera inmediata y contundente, los efectos catastróficos del cambio climático serán mucho peores que la pandemia actual. Los gobiernos y las empresas deberían aprovechar las lecciones aprendidas y las oportunidades derivadas de esta crisis para acelerar las transiciones necesarias para lograr lo establecido en el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, redefinir nuestra relación con el medio ambiente y hacer cambios sistémicos y transformaciones para convertirnos en economías y sociedades con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resilientes al clima.
El mundo está muy lejos de cumplir la meta del Acuerdo de París, lo que indica que se avecinan cambios catastróficos
Para mitigar la amenaza de un cambio climático desbocado, el Acuerdo de París solicita que se limite el calentamiento global a 1,5°C. Para lograrlo, es necesario que, para el año 2030, las emisiones mundiales alcancen su punto máximo lo antes posible e inicien una rápida caída del 45% de los niveles de 2010, y que continúen disminuyendo drásticamente para lograr que las emisiones netas sean nulas para el año 2050. Con el nivel actual de contribuciones determinadas a nivel nacional, el mundo está muy lejos de cumplir esta meta. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de los países desarrollados y de las economías en transición han disminuido en un 6,5% en el periodo 2000-2018. Mientras tanto, las emisiones de los países en desarrollo han aumentado en un 43,2% entre los años 2000 y 2013. Este aumento se atribuye en gran medida a una mayor industrialización y al aumento de la producción económica medido en términos del PIB.
Al 31 de marzo del año 2020, 189 partes habían ratificado el Acuerdo de París y 185 países más la Unión Europea habían comunicado a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sus primeras contribuciones determinadas a nivel nacional. Tres partes habían comunicado sus segundas contribuciones determinadas a nivel nacional. Además, las partes presentaron 17 estrategias a largo plazo, 18 planes nacionales de adaptación y 2 comunicaciones de adaptación. Se prevé que para el año 2020, las partes actualicen las contribuciones determinadas a nivel nacional existentes o que comuniquen otras nuevas, con miras a aumentar sustancialmente la ambición de las acciones por el clima propuestas. La pandemia del COVID-19, que ha estrangulado la actividad económica y ha interrumpido el comercio usual en todo el mundo, ofrece una oportunidad para que los países reevalúen sus prioridades y reconstruyan sus economías para que sean más ecológicas y resilientes al cambio climático.
El financiamiento para la acción por el clima ha aumentado considerablemente, pero continúa superada por las inversiones en combustibles fósiles
Las corrientes financieras mundiales relacionadas con el clima aumentaron en un 17% entre el periodo 2013-2014 y 2015-2016, pasando de 584.000 millones de dólares a 681.000 millones de dólares. El repunte del crecimiento se debió en gran medida a los altos niveles de nuevas inversiones privadas en energía renovable, que representa el segmento más importante de las corrientes financieras totales relacionadas con el clima. Sin embargo, las inversiones en actividades climáticas de todos los sectores continúan superadas por las relacionadas con los combustibles fósiles en el sector de la energía y que ascendieron a un total de 781.000 millones de dólares en el año 2016. Para lograr una transición con bajas emisiones de carbono y resistente al clima, se requiere una escala de inversión anual mucho mayor.
El financiamiento vinculado al clima provisto por los países desarrollados a los países en desarrollo aumentó en un 14% en al año 2016, hasta alcanzar casi 38.000 millones de dólares. La mitigación del cambio climático siguió siendo el enfoque predominante con 24.300 millones de dólares, seguido por la adaptación al cambio climático (5.600 millones de dólares) y cuestiones transectoriales (5.100 millones de dólares).
La mayoría de los países en desarrollo han comenzado a formular planes para fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio climático
Los planes nacionales de adaptación (PNAD) ayudan a los países a alcanzar el objetivo mundial de adaptación conforme al marco del Acuerdo de París, es decir, aumentar la capacidad de adaptación, reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. En el año 2019 al menos 120 de los 153 países en desarrollo habían tomado medidas para formular e implementar los PNAD, lo que supone un aumento de 29 países con respecto al año anterior. Dieciocho países, incluidos cinco PMA y cuatro pequeños estados insulares en desarrollo, han completado y presentado sus PNAD a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y muchos otros se encuentran en diversas etapas del proceso.
El financiamiento, para la formulación de los PNAD está a cargo del Fondo Verde para el Clima, a través de su Programa de Apoyo a la Preparación, y del Fondo para los Países Menos Adelantados. Hasta diciembre del año 2019, 81 países habían presentado 83 propuestas por un total de 203,8 millones de dólares de apoyo solicitado al Fondo Verde para el Clima. De esos países 29 (35%) eran PMA. Se habían aprobado un total de 40 propuestas, 14 de ellas (35%) de PMA. En el año 2019 se presentaron menos propuestas (12 al 3 de octubre) que en años anteriores (22 en el año 2018 y 42 en el año 2017). También se aprobaron nueve propuestas de proyectos conformes al Fondo para los Países Menos Adelantados, para apoyar la formulación e implementación de PNAD.
A pesar de su evidente importancia, los avances para cumplir la meta de reducción del riesgo de desastres para el año 2020 han sido lentos
El cambio climático sigue exacerbando la frecuencia y la gravedad de los desastres naturales que afectaron a más de 39 millones de personas en el año 2018, provocando muertes, trastornos en los medios de vida y pérdidas económicas. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 tiene por objeto reducir los riesgos de desastres existentes y prevenir nuevos riesgos de desastre mediante metas y prioridades de acciones claras, de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El plazo límite de la Meta E del Marco de Sendai, que se centra en el establecimiento de estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres, es el año 2020. Para abril del año 2020, 85 países informaron que cuentan con estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastre alineadas, en cierta medida, al Marco de Sendai, y seis de los países informaron de estrategias nacionales plenamente alineadas. En el año 2018, 55 países informaron que al menos algunos de sus gobiernos locales tenían estrategias locales de reducción de riesgos de desastre alineados, en cierta medida, con las estrategias nacionales. Los países están realizando esfuerzos vigorosos para hacer frente a los riesgos de pandemia como el COVID-19 mediante la integración de la gestión de riesgos biológicos en las estrategias de reducción de los riesgos de desastre a nivel nacional y local.
El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula el mar.
Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es una característica clave de un futuro sostenible. No obstante, en la actualidad, existe un deterioro continuo de las aguas costeras debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos que está teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Asimismo, también está teniendo un impacto perjudicial sobre las pesquerías de pequeña escala.
Proteger nuestros océanos debe seguir siendo una prioridad. La biodiversidad marina es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta. Las áreas marinas protegidas se deben gestionar de manera efectiva, al igual que sus recursos, y se deben poner en marcha reglamentos que reduzcan la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos.
Los océanos son el soporte vital de nuestro planeta y regulan el sistema climático mundial. Constituyen el ecosistema más grande del mundo, el hábitat de casi un millón de especies conocidas y contienen un vasto potencial inexplorado para el descubrimiento científico. Los océanos y la pesca continúan apoyando las necesidades económicas, sociales y ambientales de la población mundial. A pesar de la importancia crítica de la conservación de los océanos, décadas de explotación irresponsable han resultado en un nivel alarmante de degradación. Los esfuerzos actuales para proteger los principales medios marinos y la pesca artesanal, así como para invertir en la ciencia oceánica, no satisfacen todavía la necesidad urgente de salvaguardar este vasto, aunque frágil recurso. La drástica disminución de la actividad humana provocada por la crisis del COVID-19, aunque enraizada en la tragedia, brinda una oportunidad para que los océanos se recuperen. También es una oportunidad para trazar un camino de recuperación sostenible que garantice los medios de vida durante las próximas décadas en armonía con el medio ambiente natural.
La continua acidificación de los océanos amenaza el medio marino y los servicios derivados del ecosistema
El océano es el mayor sumidero de carbono del planeta ya que absorbe alrededor del 23% de las emisiones anuales de dióxido de carbono generadas por la actividad humana y ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, el dióxido de carbono que absorbe ha hecho que el agua de mar se vuelva más ácida, lo que se evidencia en un descenso del 26% en los niveles de pH desde la época preindustrial. La acidificación de los océanos pone en riesgo los arrecifes de coral y otras especies claves que son la base de la cadena alimentaria marina y tiene efectos negativos en los servicios derivados de los ecosistemas marinos, como la pesca y la acuicultura, la protección de las costas, el transporte y el turismo. Cuanto más ácido se vuelve el océano, menor es su capacidad de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y moderar el cambio climático. La información extraída de un nuevo portal de datos sobre la acidificación de los océanos muestra un aumento de la variabilidad del pH (de hasta 10% a 30% en los últimos cinco años) y de la acidez de los océanos. Para finales de este siglo, se prevé un aumento de la acidez del 100% al 150%, lo que afectará a la mitad de toda la vida marina.
Aunque se está ampliando la protección del medio marino, es fundamental que la cobertura se extienda a las áreas claves de la biodiversidad
Las zonas marinas protegidas son vitales para el desarrollo sostenible de los océanos. Salvaguardan las especies y los ecosistemas vulnerables, conservan la biodiversidad y evitan posibles conflictos entre los usuarios al delinear las actividades específicas permitidas. A diciembre del año 2019, más del 17% (o 24 millones de kilómetros cuadrados) de las aguas bajo jurisdicción nacional (de 0 a 200 millas náuticas de la costa) estaban cubiertas por zonas protegidas. La cobertura ha aumentado considerablemente en el curso de los años a más del doble desde el año 2010.
Las redes de zonas protegidas deben continuar ampliándose para cubrir aún más las Áreas Claves de Biodiversidad (ACB). El porcentaje medio a nivel mundial de cada ACB marino cubierto por zonas protegidas aumentó del 30,5% en el año 2000, al 44,8% en el año 2015 y al 46% en el año 2019. Si bien esto representa un progreso sustancial, muchas de las ACB están sólo parcialmente protegidas o no cuentan con protección alguna. Los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo continúan rezagados, con un 25,4% y un 23,7%, respectivamente.
Los países están restringiendo la pesca ilegal mediante un acuerdo internacional vinculante, pero se requieren medidas aún más concertadas
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada amenazan la sostenibilidad social, económica y ambiental de las zonas de pesca en todo el mundo y también dificultan la capacidad de los países de gestionarlas eficazmente. La adopción y aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes es fundamental para poner freno a esta práctica destructiva. El 14 de febrero del año 2020, el número de partes participantes en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto -el primer acuerdo internacional vinculante que se ocupa específicamente de este tipo de pesca- aumentó a 66 (incluida la Unión Europea), frente a 58 del año anterior.
De acuerdo a sus propios informes, los países en general han logrado buenos progresos en la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En el año 2020, cerca del 75% obtuvo un alto grado de aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes, en comparación con el 70% del año 2018. Sin embargo, aunque se han alcanzado progresos importantes, es necesaria una mayor acción concertada a nivel mundial que garantice que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada no represente una amenaza para la sostenibilidad de la pesca en el mundo.
La pesca sostenible es vital para los medios de vida de las comunidades en los países más desfavorecidos
La gestión sostenible de las poblaciones de peces es fundamental para aprovechar los beneficios de la pesca y la acuicultura a fin de aliviar la pobreza, el hambre y la malnutrición, y generar crecimiento económico. En los últimos años, la contribución de la pesca sostenible al PIB mundial se ha mantenido en torno al 0,1% anual, lo que refleja la interacción de dos tendencias opuestas: el aumento constante del valor añadido del sector de la pesca y la acuicultura, y la continua disminución de la sostenibilidad de la población de peces en todo el mundo. La contribución de la pesca marina sostenible al PIB ha sido notablemente mayor en los pequeños estados insulares en desarrollo de Oceanía y en los países menos adelantados, donde las actividades pesqueras son vitales para las comunidades locales y los pueblos originarios. La proporción de la pesca sostenible en el PIB de esos grupos de países fue en promedio del 1,55% y el 1,11% respectivamente, en el periodo 2011-2017.
Los pescadores artesanales, grandes contribuyentes a las economías de los países en desarrollo, continúan marginados
Los pescadores artesanales, que representan más de la mitad de la producción pesquera total de los países en desarrollo, siguen figurando entre los productores de alimentos más marginados. Además, las evidencias indican que la crisis del COVID-19 está afectando de manera adversa sus medios de vida, ya que la demanda mundial de alimentos marinos disminuye y las restricciones de transporte impiden el acceso a los mercados. Al mismo tiempo, los productores artesanales desempeñan un papel fundamental en el suministro de alimentos a las comunidades locales. Es más importante que nunca que los países apoyen a los pescadores artesanales como contribuyentes claves a los sistemas alimentarios sostenibles. Esto puede lograrse mediante la adopción de iniciativas específicas para aplicar las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza acordadas internacionalmente.
Una pausa en el ataque a la población de peces en el mundo puede no ser suficiente para evitar el colapso de algunas zonas de pesca
La proporción de la población de peces que se encuentran dentro de los niveles biológicamente sostenibles disminuyó del 90% en el año 1974 al 66,7% en el año 2015, y al 65,8% en el año 2017. A pesar de este continuo deterioro, la tasa de declive se ha desacelerado en los últimos años. Si bien esto es alentador, no bastará para impedir un colapso a mediano plazo de algunas zonas de pesca en el mundo a menos que se adopten medidas más amplias para restablecer la población a niveles biológicamente sostenibles.
En el año 2017, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro continuaban presentando el porcentaje más bajo de pesca de población de peces sostenible (37,5%), seguidos por el Pacífico Sudoriental (45,5%) y el Atlántico Sudoccidental (46,7%). En cambio, el Pacífico Centro-oriental, el Pacífico Sudoccidental y el Pacífico Nororiental presentaron la proporción más alta (más del 83%). Mientras que en el Pacífico Sudoccidental se produjo una mejora de 10,5 puntos porcentuales con respecto a los niveles del año 2015, en el Pacífico Noroccidental y en el Atlántico Noroccidental se registraron importantes declives, de 17,3 y 17,7 puntos porcentuales respectivamente.
El brote del COVID-19 resalta la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan las especies silvestres y los ecosistemas.
En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de preocupación. En concreto, señaló que el 75% de todas las enfermedades infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas.
“Con el COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha indicando que la humanidad debe cambiar”, ha explicado la Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.
En Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas, el PNUMA detalla cómo «reconstruir mejor», mediante una base científica más sólida, políticas que contribuyan a un planeta más sano y más inversiones verdes.
La respuesta del PNUMA se ocupa de cuatro áreas:
Ayudar a las naciones a gestionar los desechos médicos del COVID-19.
Producir un cambio transformativo para la naturaleza y las personas.
Trabajar para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen resiliencia para crisis futuras.
Modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial.
Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo, las Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030). Esta respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida y degradación de los hábitats se centrará en desarrollar la voluntad y la capacidad política para restaurar la relación de los seres humanos con la naturaleza. Asimismo, se trata de una respuesta directa al aviso de la ciencia, tal y como se expresa en el Informe Especial sobre Cambio Climático y Tierra del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a las decisiones adoptadas por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en las convenciones de Río sobre Cambio Climático y Biodiversidad y a la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación.
Se sigue trabajando en un nuevo y ambicioso Marco mundial de diversidad biológica posterior a 2020.
Mientras el mundo responde a la actual pandemia y se recupera de ella, necesitará un plan sólido destinado a la protección de la naturaleza, de manera que la naturaleza pueda proteger a la humanidad.
La conservación de los ecosistemas no muestra una tendencia hacia la sostenibilidad. Las zonas forestales siguen disminuyendo a un ritmo alarmante, las zonas protegidas no se concentran en lugares conocidos por su biodiversidad y las especies continúan bajo amenaza de extinción. Además, el aumento de los delitos contra la vida silvestre, los cambios en el uso de la tierra como la deforestación y la invasión del hábitat son las principales vías de transmisión de nuevas enfermedades infecciosas, entre ellas el COVID-19, que amenazan la salud pública y la economía mundial.
Se están haciendo esfuerzos valiosos para cambiar esta tendencia. Entre estos, la expansión de la gestión forestal sostenible y el aumento de la cobertura de áreas protegidas de zonas terrestres, de agua dulce y montañosas. Los países progresan en la implementación de principios programáticos, legislativos y contables para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Estos logros deben solidificarse y reforzarse para alcanzar mejor reconstrucción después de la pandemia mundial. Igualmente, importante es la necesidad de fomentar la concientización de las interconexiones entre las personas y el mundo natural de manera de garantizar una coexistencia más equilibrada.
Los delitos contra la vida silvestre ponen en peligro tanto las especies animales como la salud humana, incluso a través de nuevas enfermedades mortales
El 75% de las enfermedades infecciosas emergentes, como la gripe aviar y el ébola, son zoonóticas, es decir que se transmiten de la fauna silvestre a las personas. La transmisión se produce a través del contacto humano con los animales silvestres afectados y tiende a ocurrir cuando la población invade los hábitats naturales y se dedica a actividades que afectan los ecosistemas, como el tráfico de fauna silvestre.
Los pangolines (osos hormigueros escamosos que pueden encontrarse en África y Asia) son el mamífero salvaje más traficado de la Tierra. Se encuentran entre los principales sospechosos de los animales intermediarios que transfirieron el coronavirus de los murciélagos salvajes a las personas. La carne de pangolín se vende en mercados húmedos, que han sido identificados como los posibles lugares donde el coronavirus saltó a los humanos.
Desde el año 2014, el número de equivalentes de pangolín entero para el tráfico incautados a nivel mundial se ha multiplicado por diez. Estas incautaciones representan sólo una fracción de los animales que se mataron. Entre los años 2014 y 2018 se incautaron el equivalente a 370.000 pangolines en todo el mundo, lo que sugiere se traficaron y mataron millones a pesar de que en enero del año 2017 se prohibió comerciar legalmente las ocho especies. En la actualidad, los pangolines incautados proceden principalmente de África Occidental y Central, y se destinan a los mercados asiáticos.
Los delitos contra la vida silvestre, como la caza furtiva ilícita y el tráfico de pangolines y otros animales, no sólo amenazan la salud de los ecosistemas y de la biodiversidad, también tienen el potencial de afectar la salud humana, el desarrollo económico y la seguridad en todo el mundo, como lo estamos presenciando ahora de primera mano.
La degradación de los suelos afecta a miles de millones de personas, lleva a la extinción de especies e intensifica el cambio climático
A nivel mundial, una quinta parte de la superficie terrestre (más de 2.000 millones de hectáreas) está degradada, lo que representa una superficie casi del tamaño de la India y la Federación de Rusia juntas. La degradación de los suelos está socavando el bienestar de unos 3.200 millones de personas, lleva a la extinción de las especies e intensifica el cambio climático. Entre los años 2000 y 2015, las tendencias mundiales en cuanto a la cubierta terrestre indicaron una pérdida neta de clases de tierra naturales y seminaturales. Esas pérdidas fueron el resultado de factores directos e indirectos, entre ellos la deforestación, las prácticas agrícolas no sostenibles y la urbanización, así como la tenencia de la tierra y la pobreza. El cambio de uso de la tierra, un factor clave de la degradación de los suelos, es también una de las principales vías de transmisión de las enfermedades infecciosas emergentes.
A principio del año 2020, 123 países se habían comprometido a establecer metas voluntarias para lograr la “neutralidad en la degradación de los suelos”, una meta mundial adoptada en la Agenda 2030, y 60 países las apoyaron oficialmente. Revertir la tendencia actual de degradación de los suelos no sólo mejoraría la diversidad biológica y el bienestar de miles de millones de personas, sino que también contribuiría positivamente a la crisis climática mediante la restauración, conservación y otras medidas de gestión de tierras.
A pesar de algunos progresos, el mundo no está logrando cumplir con las metas para el año 2020 de detener la pérdida de biodiversidad
En el marco del Objetivo Nº15, cinco metas relacionadas con la biodiversidad vencerán en el año 2020. Según los progresos actuales, es poco probable que la mayoría de ellos se cumplan en el plazo previsto. En el Foro Político de Alto Nivel del año 2019, los estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a “mantener la integridad de la Agenda 2030, incluso garantizando una acción ambiciosa y continua para el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un plazo para el año 2020”.
La pérdida de bosques continúa siendo elevada a pesar de los crecientes esfuerzos por gestionarlos de manera sostenible
La superficie forestal del mundo sigue disminuyendo, aunque a un ritmo ligeramente más lento que en décadas anteriores. Se estima que la tasa anual de deforestación entre los años 2015 y 2020 corresponde a 10 millones de hectáreas, lo que representa una reducción frente a los 12 millones de hectáreas entre el año 2010 y 2015. La proporción de la superficie forestal a nivel mundial disminuyó del 31,9% en el año 2000 al 31,2% en el año 2020. Esto representa una pérdida neta de casi 100 millones de hectáreas, debido principalmente a la expansión agrícola. Estos bosques perdidos significan la desaparición de los medios de vida de comunidades rurales, el aumento de emisiones de carbono, la disminución de la biodiversidad y la degradación de los suelos. Si bien la pérdida de bosques sigue siendo elevada, los datos correspondientes al año 2020 muestran que la proporción de bosques en zonas protegidas y bajo planes de gestión a largo plazo, así como las zonas forestales certificadas, aumentó o se mantuvo estable a nivel mundial y en la mayoría de las regiones del mundo. Actualmente, de 4.060 millones de hectáreas de bosque, más de la mitad están sujetas a planes de gestión. Además, la proporción de bosques destinados principalmente a la protección del suelo y el agua ha aumentado, especialmente en la última década.
Menos de la mitad de las áreas claves de biodiversidad están bajo protección, mientras que el progreso se ha enlentecido considerablemente
En el año 2020, en promedio sólo el 44% de cada Área Clave de Biodiversidad (ACB) terrestre y el 41% de cada ACB de agua dulce se encontraba en una zona protegida, lo que supone un aumento de aproximadamente 12 a 13 puntos porcentuales desde el año 2000. Sin embargo, la mayoría de las ACB terrestres y de agua dulce continúan sin cobertura o sólo tienen una cobertura parcial de zonas protegidas. Por ejemplo, según datos del año 2018, se han identificado ACB en puntos importantes de biodiversidad para el 21% de todas las especies amenazadas a nivel mundial que figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, de esos lugares, sólo el 13% está totalmente cubierto por zonas protegidas, mientras que el otro 31% esta sólo parcialmente cubierto. Además, desde el año 2010 el aumento de la cobertura de las ACB por zonas protegidas se ha desacelerado considerablemente en comparación con la década anterior.
La biodiversidad está disminuyendo a un ritmo alarmante
Un efecto irreversible de la actividad humana en el medio ambiente es la extinción de especies, lo que altera el equilibrio de la naturaleza y hace que los ecosistemas sean más frágiles y menos resistentes a los cambios. A nivel mundial, el riesgo de extinción de las especies ha empeorado en torno a un 10% en las últimas tres décadas y el índice de la lista roja ha disminuido de 0,82 en el año 1990 a 0,75 en el año 2015, y a 0,73 en el año 2020 (un valor de 1 indica que ninguna especie está en peligro de extinción en el futuro inmediato mientras que un valor de 0 indica que todas las especies están extintas). Esto se traduce en más de 31.000 especies en amenaza de extinción debido principalmente a la pérdida del hábitat por la agricultura no sostenible, la deforestación, la cosecha y el comercio no sostenible, y las especies exóticas invasoras.
Si las tendencias actuales continúan, el índice de la lista roja bajará a 0,70 o menos para el año 2030. Para evitar este peligroso umbral se necesitará una respuesta de emergencia dedicada a salvaguardar las especies en peligro crítico y disminuir el riesgo de extinción generado por la agricultura, la industria, el comercio y otros sectores. El marco de trabajo por la biodiversidad después del año 2020 tiene por objeto doblar la curva de la pérdida de la diversidad biológica con el fin de detener o revertir el aumento del riesgo de extinción para el año 2030 y que se encamine hacia la recuperación para el año 2050.
Sólo un tercio de los países están en vías de alcanzar sus metas nacionales de biodiversidad
Reconociendo la importancia de la biodiversidad en el apoyo a la economía, la producción de alimentos y la salud humana, muchos planes de desarrollo nacionales y locales, y sistemas nacionales de contabilidad y presentación de informes, han integrado los valores reflejados en los tratados internacionales y los planes estratégicos sobre biodiversidad. En enero del año 2020, 129 partes (incluida la Unión Europea) habían presentado su sexto informe nacional en el marco del convenio sobre la diversidad biológica y 113 partes habían evaluado los progresos realizados en el logro de las metas nacionales relacionadas con la meta 2 de Aichi para la Diversidad Biológica. Alrededor del 32% de las partes están en vías de alcanzar o superar sus objetivos nacionales; el 50% ha hecho progresos pero no los suficientes para alcanzar los objetivos en el año 2020; y el 7% manifestó que no estaba haciendo progresos o que se estaban haciendo progresos o que se estaban alejando de sus metas.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible.
El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones en el año 2018, la cifra más alta registrada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en casi 70 años.
En el año 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 47 países.
Por otro lado, los nacimientos de alrededor de uno de cada cuatro niños en todo el mundo con menos de 5 años nunca se registran de manera oficial, lo que les priva de una prueba de identidad legal, que es crucial para la protección de sus derechos y para el acceso a la justicia y a los servicios sociales.
Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan siendo amenazas para el desarrollo sostenible. En el año 2019, el número de personas que huyeron de guerras, persecuciones y conflictos superó los 79,5 millones, el nivel más alto desde que se comenzaron a registrar estas estadísticas de manera sistemática. Uno de cada cuatro niños sigue privado de identidad legal por la falta de registros de nacimiento, lo que muchas veces limita su capacidad de ejercer sus derechos en otras áreas. La pandemia del COVID-19 amenaza con amplificar e intensificar las vulnerabilidades en todo el mundo. En marzo del 2020, el Secretario General hizo un llamamiento a una cesacion de fuego inmediata en todo el mundo para ayudar en la prestación de asistencia humanitaria y abrir canales para la diplomacia, en particular para los más vulnerables al COVID-19. La medida está recibiendo apoyo, pero todavía existen problemas en la implementación.
Cada día, 100 civiles (incluyendo mujeres y niños) mueren en conflictos armados a pesar de las protecciones del derecho internacional
En virtud del derecho internacional, los civiles deben ser protegidos en los conflictos armados. Sin embargo, entre los años 2015 y 2017, las Naciones Unidas registraron al menos 106.806 muertes de civiles en 12 de los conflictos armados más mortales del mundo. Esto se traduce en un promedio de 11,9 muertes de civiles por cada 100.000 habitantes por año; una de cada 8 de esas muertes fue de una mujer o un niño. La mayoría de las muertes de civiles fueron causadas por armas pesadas y municiones explosivas, seguidas de explosivos sembrados y municiones sin explotar. Más de 20.000 civiles murieron o resultaron heridos en 10 conflictos en el año 2019, lo que es sólo una fracción del total real.
La amenaza del COVID-19 es mayor en situaciones de conflicto armado, en las que los combates han devastado los sistemas de salud y desplazado a las personas, y las han obligado a vivir en condiciones de hacinamiento con un acceso marginal o nulo a los servicios básicos. El terrible sufrimiento de los civiles podría reducirse considerablemente si las partes en conflicto respetaran el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos. Es necesario tomar más acciones para evitar, reducir y resolver los conflictos actuales.
Es necesario redoblar los esfuerzos para reducir la tasa de homicidios a nivel mundial, que está disminuyendo con demasiada lentitud
La tasa mundial de homicidios dolosos se redujo lentamente: de 6,8 por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a 5,9 en el año 2015 y 5,8 en el año 2018. Esto se traduce en cerca de 440.000 víctimas de homicidio en todo el mundo (81% hombres y 19% mujeres) cada año. Dos tercios de las víctimas de homicidios viven en África Subsahariana (36%) y en America Latina y el Caribe (33%). Para disminuir significativamente todas las formas de violencia, se necesitan mayores esfuerzos para reducir la tasa mundial de homicidios. Si se mantienen las tendencias del periodo 2015-2018, la tasa por cada 100.000 habitantes se situaría en torno al 5,2% en el año 2030, lo que supone una disminución general de alrededor del 12%.
Las políticas adoptadas por los gobiernos a raíz de la pandemia del COVID-19 han tenido diferentes repercusiones en la prevalencia de los homicidios en distintos países. Las tendencias indican que las medidas de confinamiento apenas han afectado la violencia en los países de América Latina con altos niveles de homicidios, pero las intensas medidas de confinamiento en los países europeos con bajos niveles de homicidio parecen haberla reducido drásticamente.
Los niños están expuestos regularmente a diversas formas de violencia, muchas de las cuales no se reconocen ni se denuncian
Los niños son objeto de diversas formas de violencia: castigos físicos y agresiones psicológicas, trata de personas y violencia sexual.
Las formas violentas de disciplina están muy extendidas, a pesar de sus efectos perjudiciales y muchas veces duraderos. Entre los años 2012 y 2019, en 69 países de los que se disponen de datos, casi 8 de cada 10 niños de 1 a 14 años de edad fueron objeto de alguna forma de agresión psicológica y/o castigo físico en el hogar durante el mes anterior.
La trata de niños es un problema mundial vinculado en general a la explotación sexual, pero también al trabajo forzoso. En el año 2016, los niños representaban casi un tercio de las víctimas de la trata de personas detectadas en todo el mundo (el 23% eran niñas y el 7% niños). Siguen existiendo grandes áreas de impunidad por este delito, aunque la mayoría de los países cuentan con una amplia legislación sobre la trata de personas. Sin embargo, el número de condenas ha empezado a aumentar recientemente en respuesta al aumento de la detección.
La violencia sexual, una de las violaciones de los derechos de los niños más preocupantes, con frecuencia no se denuncia. La falta de datos comparables también limita la comprensión del alcance pleno del problema. En poco más de uno de cada 4 países con datos comparables, al menos el 5% de las mujeres entre 18 y 29 años de edad declararon haber sufrido violencia sexual en la infancia.
Todavía se desconocen en gran medida las repercusiones del COVID-19 en el riesgo de exposición de los niños a la violencia y la explotación debido al confinamiento y las clausuras de escuelas vinculadas, que han afectado a la mayoría de los niños en todo el mundo. En algunos países se ha registrado un aumento de las denuncias de violencia contra los niños en el hogar. Además, el uso de Internet para el aprendizaje a distancia puede aumentar la exposición de los niños al acoso cibernético, el comportamiento arriesgado en línea y a los depredadores en Internet.
Todas estas formas de violencia pueden tener consecuencias devastadoras y de por vida para millones de niños en todo el mundo. Es necesario adoptar medidas urgentes para promover e invertir en soluciones eficaces de protección a la infancia.
La exposición al COVID-19 es una de las muchas condiciones inhumanas a las que se enfrentan las personas encarceladas, muchas veces sin sentencia
El acceso a la justicia para todos debe garantizar un juicio justo en un periodo de tiempo razonablemente corto. Sin embargo, el 31% de los reclusos de todo el mundo están detenidos sin haber sido condenados por un delito y este nivel no ha disminuido desde el año 2005. En los últimos tres años se registraron aumentos significativos en todas las regiones de Asia y Oceanía.
El hacinamiento en las cárceles continúa siendo un problema grave en muchos países, que muchas veces genera condiciones inhumanas, la violación de derechos humanos, la violencia entre los reclusos y pocas perspectivas de rehabilitación. El hacinamiento está acelerando la propagación del COVID-19 en las cárceles y prisiones de todo el mundo debido a los hacinamientos y a la frecuente falta de equipos de protección y de acceso a una atención sanitaria adecuada. De los 190 países de todo el mundo de los que se dispone de datos, casi el 60% contaba con poblaciones carcelarias que superaban la capacidad de las cárceles; el 13% de los países presentaba entre 120% y 149% de capacidad, y el 28% de los países, un 150% de capacidad o más.
Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los sindicalistas son blanco de ataques violentos con demasiada frecuencia
En todas las regiones, las personas que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales de los demás son objeto de ataque violentos. Entre los años 2015 y 2019, las Naciones Unidas registraron al menos 1.940 asesinatos y 106 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 81 países, y más de la mitad de los asesinatos se produjeron en América Latina y el Caribe. En el año 2019 se notificaron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas en 47 países. Si bien la cifra del año 2019 constituye el número más bajo de asesinatos de periodistas por año en más de una década, los periodistas sufren cada vez más ataques verbales y físicos, incluso en línea, debido a su trabajo. Las mujeres periodistas en particular son objeto de acoso en línea. Esto se ve reforzado por un marcado aumento de la retórica hostil generalizada dirigida a los medios de comunicación y a los periodistas.
En la actualidad, más países tienen leyes sobre la libertad de información, pero su implementación podría mejorarse
El derecho a la información en poder de las autoridades públicas es un aspecto integral de la libertad de expresión y sirve como mecanismo para apoyar la apertura y la responsabilidad del gobierno, así como otorgar mayor empoderamiento e igualdad a todos los grupos sociales. Se están logrando importantes avances para garantizar este derecho mediante políticas y leyes vinculantes. Actualmente, 127 países han aprobado leyes de este tipo y al menos 27 han adoptado garantías desde el año 2014. Sin embargo, de 73 autoridades públicas encuestadas, sólo el 58% proporcionó capacitación especializada sobre el derecho a la información a sus funcionarios del área. El mismo porcentaje informó sobre la publicación de directrices para las solicitudes del público. Los resultados de la encuesta indican que los órganos de supervisión y apelación (en contraposición a los órganos polivalentes) deberían ser componentes esenciales del acceso a la información de los organismos de orden público y las entidades especializadas.
Los ODS sólo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación.
Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta.
Muchos países requieren asistencia oficial para el desarrollo con el fin de fomentar el crecimiento y el comercio. Aun así, los niveles de ayuda están disminuyendo y los países donantes no han respetado su compromiso de aumentar la financiación para el desarrollo.
Debido a la pandemia del COVID-19, se espera que la economía mundial se contraiga fuertemente en un 3% en el año 2020, lo que constituiría su peor recesión desde la Gran Depresión.
Ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen los medios para recuperarse de la pandemia reconstruyan mejor y consigan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El apoyo a la implementación de los ODS ha sido constante pero frágil, con grandes y persistentes desafíos. Los recursos financieros siguen siendo escasos, las tensiones comerciales han aumentado y todavía faltan datos cruciales. La pandemia del COVID-19 amenaza ahora los logros alcanzados ya que se prevé que el comercio, la inversión extranjera directa y las remesas disminuyan. La pandemia parece estar acelerando las tendencias actuales de interrupción de la cadena de valor mundial. Uno de los pocos aspectos positivos en este momento es el aumento del uso de la tecnología ya que las personas acuden en masa a Internet para trabajar, comprar y conectarse con otros, pero incluso esto destaca una brecha digital que todavía es enorme. La contención del COVID-19 requiere la participación de los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos comunes de todo el mundo. El fortalecimiento del multilateralismo y de las alianzas mundiales es más importante que nunca.
Los principales donantes manifiestan que se esforzarán por proteger los presupuestos de la AOD, incluso mientras el coronavirus trastorna la economía mundial
Las corrientes netas de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ascendieron a 147.000 millones de dólares en el año 2019. Esto fue casi lo mismo que en el año 2018, pero con una mayor proporción destinada a los países más desfavorecidos. La ayuda bilateral neta para África y los Países Menos Adelantados (PMA) aumentó en un 1,3% (37.000 millones de dólares) y un 2,6% (33.000 millones de dólares), respectivamente, en términos reales a partir del año 2018.
La financiación en condiciones favorables de todos los donantes para el sector de la salud ascendió a un promedio de 26.000 millones de dólares anuales en términos reales entre los años 2016 y 2018. En el año 2018, los Estados Unidos, el Fondo Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates representaron más de la mitad de este total, aportando 8.600 millones de dólares, respectivamente. La AOD total para enfermedades infecciosas ascendió a 6.000 millones de dólares.
La AOD ha sido durante mucho tiempo una fuente de financiamiento para amortiguar el efecto inmediato de la crisis y puede ser una parte importante de la respuesta mundial a esta pandemia. No obstante, la magnitud de la crisis podría ejercer presión sobre los presupuestos de ayuda a los donantes, a pesar de que el CAD emitió una declaración el 9 de abril del año 2020 en la que afirmaba que los miembros “se esforzarán por proteger los presupuestos de la AOD”.
Después de alcanzar un nuevo máximo, se espera que las remesas disminuyan drásticamente en el año 2020
Se estima que las corrientes de remesas a los países de ingresos bajos y medios han alcanzado los 554.000 millones de dólares en el año 2019. Las remesas han superado la ayuda oficial en un factor de tres desde mediados de la década de 1990. En el año 2019, las remesas superaron incluso las corrientes de inversión extranjera directa hacia los países de ingresos bajos y medios. El crecimiento de las remesas se redujo al 4,7% en el año 2019, en comparación con el robusto 8,6% del año anterior.
Se prevé que las remesas mundiales disminuyan alrededor del 20% en el año 2020 debido a la pandemia y al confinamiento por el COVID-19; la disminución más pronunciada de la historia reciente. Esto se debe en gran medida a la caída de los salarios y el empleo de los trabajadores migrantes que tienden a ser más vulnerables que los no migrantes en las crisis económicas de los países anfitriones. Se prevé que las remesas a los países de ingresos bajos y medios, que constituyen un salvavidas económico para muchos hogares pobres, disminuirán en un 19,7% en el año 2020, hasta alcanzar los 445.000 millones de dólares.
Es probable que la inversión extranjera directa y las cadenas de valor mundiales se vean afectadas por la crisis del coronavirus
La Inversión Extranjera Directa (IED) mundial en las economías en desarrollo se mantuvo estable en el año 2018. Aumentó en un 2% a 706.000 millones de dólares, pero con importantes diferencias entre regiones. Asia, la principal región receptora de las IED, registró un incremento del 4% a 512.000 millones de dólares, con un aumento en todas las subregiones. La IED para África aumentó en un 11% hasta los 46.000 millones de dólares, pero aún inferior a la media anual de la última década (unos 50.000 millones de dólares). La IED para América Latina y el Caribe ascendió a 147.000 millones de dólares en el año 2018, lo que representa una disminución del 6% después de un aumento en el año 2017.
La IED podría disminuir en un 40% en el año 2020 debido al retraso de inversiones por la conmoción de la demanda mundial, y en otro 5% a 10% en el año 2021. La pandemia puede acelerar las tendencias hacia una interrupción de las cadenas de valor y una reorientación de los procesos a su origen debido al deseo de las empresas multinacionales de lograr resiliencia en las cadenas de suministro.
Se prevé que el comercio mundial se desplome mientras los PMA tienen dificultades para aumentar su participación en las exportaciones
Se prevé que en el año 2020 el comercio mundial de mercancías disminuya entre un 13% y un 32% como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los aranceles ponderados en función del comercio disminuyeron de 2,2% en el año 2017 a un promedio mundial del 2,1% en el año 2018. Los aranceles preferenciales ofrecidos por los miembros de la Organización Mundial del Comercio, que otorgan concesiones preferenciales unilaterales, han alcanzado un nivel bajo promedio del 1,1% tanto para los países en desarrollo como para los PMA. Las dificultades para cumplir las condiciones del trato preferencial – y el creciente número de acuerdos comerciales entre los países desarrollados – podrían reducir las oportunidades que estas tasas ofrecen a los exportadores de los países en desarrollo.
La proporción de las exportaciones de los PMA en el comercio mundial de mercancías fue ligeramente superior al 1% en el año 2018, lo que supone un ligero aumento con respecto al año 2017. Este es aproximadamente el mismo nivel de hace 10 años y se aleja del objetivo de duplicarlo para el año 2020. La proporción de las exportaciones mundiales de servicios de los PMA alcanzó el 0,8% en el año 2018. Sin embargo, la participación sigue concentrada en unas pocas economías, en particular en los países asiáticos, y la mayoría de los demás PMA se esfuerzan por exportar servicios a nivel internacional.
El Internet es ahora esencial para muchas actividades cotidianas, pero la mitad de la población mundial aún no está conectada
Durante el confinamiento por el coronavirus, muchas personas se ven obligadas a depender del Internet para sus actividades cotidianas como trabajar desde casa, tomar clases en línea, hacer compras y socializar. Sin embargo, casi la mitad de la población mundial no está conectada, en particular en los países pobres. A finales del año 2019, el 53,6% de las personas (4.100 millones) utilizaban Internet, con grandes disparidades regionales. En el año 2018, sólo el 20% de la población de Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelandia) y el 26% en África Subsahariana utilizaban Internet, frente al 84% en Europa y América del Norte, y el 87% en Australia y Nueva Zelandia.
Las suscripciones a la banda ancha fija prácticamente se han duplicado en la última década, pasando de 7,6 por cada 100 habitantes en el año 2010 a 14,9 en el año 2019. Ese año, las conexiones de banda ancha fija (1.100 millones) superaron las conexiones de telefonía fija (931 millones). Los países desarrollados tenían 33,6 suscripciones por cada 100 habitantes en el año 2019, mientras que los países en desarrollo contaban con un tercio de estas, es decir, 11,2. Los PMA casi no tenían conexiones de banda ancha fija debido al alto costo y la falta de infraestructura.
La necesidad de datos confiables sigue en aumento, pero los países más pobres carecen de recursos para generarlos
En el año 2019, la mayoría de los países informaron que estaban llevando a cabo un plan nacional de estadísticas (141 países, frente a 129 en el año 2018). Sin embargo, muchos también manifestaron que carecían de fondos suficientes para una implementación total. En África Subsahariana (9 de 36 países), solamente el 25% de los planes contaban con financiamiento pleno, en comparación con el 95% (36 de 38 países) en Europa y América del Norte.
Entre los años 2016 y 2017, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) destinada a datos y estadísticas aumentó en un 11%, de 623 millones a 690 millones de dólares, pero esta cifra sólo representó el 0,34% del total de la AOD. El financiamiento internacional para datos y estadísticas corresponde aproximadamente a la mitad de lo necesario. En los últimos tres años, los países del África Subsahariana fueron los más beneficiados ya que recibieron 885 millones de dólares, lo que supone un aumento considerable del financiamiento. Se necesita un apoyo técnico y financiero continuo y creciente para asegurar que los países de las regiones en desarrollo estén mejor equipados para supervisar los progresos de sus programas nacionales para el desarrollo.
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